El Gobierno ultima la oferta de empleo público y se encamina a la negociación salarial de los funcionarios

El Gobierno ultima la que, previsiblemente, será la mayor oferta de empleo público de la historia, con cerca de 25.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), sin incluir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 Con ello, el Gobierno pretende dar solución a la pérdida de efectivos que desde hace años se vendría produciendo y que, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se habría visto traducida en 54.661 empleados públicos menos durante el transcurso de la última década. Entre las razones que explicarían dicha coyuntura, el sindicato apunta al envejecimiento de las plantillas, situando en un 20,31% el porcentaje de empleados públicos de los ministerios con una edad superior a los 60 años. En el caso del personal con más de 50 años, dicho porcentaje ascendería hasta el 61,98%. Dejando a un lado las convocatorias de ofertas de empleo público, las proyecciones para 2031 realizadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública revelan que para entonces la AGE perdería el 59,64% de su plantilla, es decir, aproximadamente 100.000 funcionarios, del total de efectivos con los que contaba a enero del 2021, tal y como recoge el “Estudio sobre envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2021 y proyección futura a 2031”.

Subida salarial del 2%

Además de las mejoras en la oferta de empleo público, los sindicatos y el Gobierno se encontrarían en vísperas de iniciar las negociaciones para la subida salarial de los funcionarios. Se dará comienzo, según lo manifestado por el Gobierno, en el mes de junio, fecha en la que se empezará a abordar los Presupuestos Generales del Estado para 2023. A la espera de lo que se concrete en la mesa de diálogo, los más de 2,7 millones de empleados públicos verán incrementados sus salarios, casi con certeza, en un 2%, tal y como se recoge en el Programa de Estabilidad 2022-2025 remitido recientemente por el Gobierno a Bruselas y en los Presupuestos de este año. Sin embargo, desde los sindicatos mostrarían su disconformidad con dicha subida, ante la pérdida de poder adquisitivo que, bajo su punto de vista, vendrían experimentando durante los últimos años los empleados públicos y que se habría visto acrecentada por la delicada situación económica en la que nos encontraríamos inmersos, consecuencia de la guerra en Ucrania. Y es que, dicho 2% se mostraría lejano a las predicciones llevadas a cabo por organismos como el Banco de España que situarían la inflación media de este año en un 7,5%. La coyuntura habría llevado al Gobierno a hablar de moderación salarial y retrasaría a 2023 ligar los sueldos de los funcionarios al IPC.