Cerrando la brecha digital de la Administración Pública

Cerrando la brecha digital de la Administración Pública

 

 

En su relación con la Administración Pública, la ciudadanía ve como en ocasiones la inadaptabilidad de los servicios digitales a las múltiples realidades de las personas usuarias redunda en un incumplimiento de sus derechos. Entre los colectivos más perjudicados por la digitalización de la Administración se encontrarían las personas mayores, quienes experimentarían ciertas dificultades a la hora de que tal relación sea efectuada de forma satisfactoria. La falta de escucha a este grupo poblacional ocasionaría que muchas de sus demandas no se vean cubiertas y, por tanto, acabe derivando en una discriminación. Una situación “fácilmente evitable”, apuntaba Cristina Rodríguez, integrante de la Plataforma de Personas Mayores y Pensionistas, durante su participación en el diálogo “Brecha digital y mayores: ¿Es posible una solución?”, celebrado el 2 de julio por la agencia de noticias Servimedia. Con ello, Rodríguez evocaba a la necesaria y, no siempre tenida en cuenta, participación del colectivo para este tipo de cuestiones.

 

La complejidad que acompañaría a ciertos procedimientos sería una de las trabas más comunes que experimentarían muchos usuarios a la hora de realizar trámites vía online, repercutiendo negativamente en el derecho a la información de la persona.  “El gran reto de la Administración Pública es ofrecer una Administración próxima a la ciudadanía con una omnicanalidad”, apuntaba Patricia Leal, responsable de la Unidad de Competencia Social del Mercado de Administraciones Públicas en Minsait. En este sentido, Leal reparaba en el hecho de que los canales electrónicos se complementen con los medios físicos pertinentes, a modo de entender la tecnología como un medio facilitador y nunca como un fin en sí mismo. Es por ello, por lo que la digitalización de los servicios públicos, siendo un proceso necesario, ha de llevarse a cabo desde una perspectiva intergeneracional, mediante la que conseguir hacer partícipe de este proceso a la ciudadanía, independientemente de su edad. 

 

En lo que respecta a la brecha digital, si bien esta sería el reflejo de las desigualdades sociales existentes hoy en día, y aunque la irrupción tecnológica habría supuesto un agravamiento de dichos problemas, también sería la vía a través de la que encontrar la respuesta a los mismos. “Miremos a lo digital no solo como agravante de la brecha social, sino como posible camino para poder cerrarla y encontrar soluciones inclusivas para todas las generaciones”, exponía Elena García de Alcaraz, directora de Fjord Madrid, agencia de AccentureSong. Garantizar el acceso a Internet de la población, proporcionando las infraestructuras necesarias para ello sería una de las cuestiones que más necesarias se plantean a la hora de mitigar las desigualdades emergidas por la digitalización. Proporcionados los medios, desde las administraciones han de poner especial atención al uso del lenguaje, siendo este otro de los puntos que más influirían en el agravamiento de la brecha, ante la complejidad de los términos empleados y las limitaciones que ello traería consigo. Para la que fuera directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (Ontsi), Lucía Velasco, todo ello ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta el derecho de la ciudadanía a no ser digital. “La digitalización viene a ayudarnos, no es algo que tengamos que asumir”, apuntaba. De esta manera, Velasco reflexionaba acerca del derecho de la población a elegir ser atendida por una persona en vez de por una máquina y acabar con esa relación digital impuesta. 

 

Apenas tres días más tarde de la celebración del acto, el Consejo de Ministros daba luz verde al Acuerdo por el que se aprueba el Informe España Digital 2026, siendo la transformación digital uno de los ejes que busca liderar la recuperación del país tras la pandemia, desde “una triple dimensión: infraestructuras y tecnología, economía y personas”. La iniciativa se alinea con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y aborda el proceso transformador que estarían viviendo las administraciones públicas, entre cuyas metas se encuentra conseguir que el 50% de los servicios públicos estén disponibles en App móvil.

 

Una digitalización humanista

 

Todo este proceso de transformación digital está guiado por los principios de la Carta de Derechos Digitales, un marco de referencia para la protección de los derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, adoptada el verano pasado.

Estos principios están marcando la hoja de ruta a nivel europeo en este ámbito, en el que España se sitúa a la vanguardia.