Atención domiciliaria y un tratamiento más personalizado. Los cambios del nuevo modelo residencial.

 A finales del mes de junio el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 acordaba con las comunidades autónomas un nuevo modelo de atención residencial, centrado en la mejora de los servicios prestados a las personas usuarias a través de una atención más personalizada. Un cambio que se planteaba especialmente necesario tras lo acontecido durante los primeros meses de pandemia y que, a su vez, se vería influenciado por el aumento de la esperanza de vida y, por consiguiente, el incremento del número de personas dependientes.

 

Además de introducir mejoras en los espacios residenciales, el citado modelo pone especial atención en el servicio de ayuda a domicilio, bajo el objetivo de favorecer durante el mayor tiempo posible la permanencia en el hogar. Y es que, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Navarra, ligado al Departamento de Derechos Sociales, al menos el 86% de las personas mayores de 65 años preferiría seguir viviendo en su hogar en el caso de necesitar ayuda para realizar alguna actividad básica. Un porcentaje que llegaría hasta el 91% cuando se trata de personas mayores de 80 años. Por el contrario, tan solo un 10% de los encuestados optaría por los centros residenciales, siendo esta la segunda alternativa más elegida, por delante de otras opciones como vivir en un hogar adaptado, la casa de un hijo o una vivienda compartida con amigos. Aunque tales resultados reflejarían el pensamiento de la sociedad navarra, estos no se mostrarían lejanos al sentir de la población española, ya que según una encuesta realizada el pasado año por la compañía especializada en investigaciones de mercado Sondea, cerca del 95% de los españoles con edades comprendidas entre los 55 y 70 años preferiría permanecer en el hogar, frente a tan solo un 5% que afirmaría mostrarse partidario a acudir a una residencia.

 

En lo que respecta a los cambios orientados a mejorar la experiencia de los usuarios de los centros residenciales, el documento establece como uno de los ejes principales de actuación dotar de un ambiente más hogareño a este tipo de espacios. Para ello, se busca acabar con el concepto de “macrocentro residencial”, estableciendo un límite de 75 plazas en el caso de aquellos centros que se vayan a construir en zonas rurales o escasamente pobladas, 90 plazas en el caso de localidades con densidad intermedia y 120 plazas si se trata de ciudades o zonas densamente pobladas. Un límite que se vería reducido hasta 50 plazas en el caso de aquellos espacios destinados a personas con diversidad funcional. Con carácter general, los centros residenciales deberán crear unidades de convivencia formados por un máximo de 15 personas residentes. A fin de lograr un tratamiento más personalizado, el documento también establece un mayor número de trabajadores de atención directa, haciendo a su vez hincapié en la mejora de sus condiciones laborales, bajo un doble objetivo, mejorar la calidad de vida tanto de las personas residentes, como la de aquellos profesionales que prestan sus servicios.