Las noticias más destacadas del 2022

 A continuación, se realiza un recorrido por las noticias más destacadas de estos últimos doce meses, en materia de pensiones y clases pasivas.

Complemento de maternidad y pensión de viudedad

En una sentencia de 12 de diciembre de 2019 (C450/18) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declaraba contrario al Derecho de la Unión el artículo 60 de Ley de la Seguridad Social, al considerar que se ejercía una discriminación por razón de sexo hacia los hombres. En lo que respecta a su contenido, el citado artículo reconocía a las mujeres como únicas perceptoras del complemento por aportación demográfica en sus pensiones, negando a los hombres tal posibilidad.

El pronunciamiento del TJUE trajo consigo cambios en nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, a través del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican los textos refundidos de la Ley de Clases Pasivas del Estado y la Ley General de la Seguridad Social. De tal manera que, según lo introducido por dicho Real Decreto, el padre tendría derecho a percibir tal complemento en su pensión, siempre y cuando su carrera se haya visto más perjudicada que la de la madre, distinguiendo con tal percepción en el caso de parejas de un mismo sexo a aquella persona con una pensión más baja.

En su deliberación de 16 de febrero, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (TS) lograba disipar las incógnitas que seguían existiendo en torno al momento a partir del cual los hombres podrían percibir tal complemento en sus pensiones, estableciendo que este tuviera efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2016, fecha en la que la prestación fue aprobada. Meses más tarde, una nueva sentencia del TS reforzaba esta postura. El alto Tribunal desestimaba un recurso de casación unificadora interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por el que se solicitaba que el complemento fuera reconocido desde la publicación de la sentencia del TJUE en el Diario Oficial de la Unión Europea, determinando que los varones puedan acceder a tal complemento desde el momento en el que les es reconocida la pensión de jubilación.

En otra sentencia, referida en esta ocasión a las pensiones de viudedad, el TS se desmarcaba de su sentencia del 7 de abril del 2021, que invitaba a una interpretación menos rígida del artículo 38.4 de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Esta última reconocía el derecho de la que fuera pareja de un guardia civil a recibir una pensión de viudedad, pese a no estar inscritos como pareja de hecho. Sin embargo, el TS rectificaba y volvía a su anterior doctrina, estableciendo que las parejas de hecho han de estar inscritas como tal en el registro público, para poder percibir tal prestación.

Actualización salarial y mejoras laborales del personal funcionario

El inicio del 2022 traía consigo la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos en un 2%, una subida contemplada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El reinicio de mesa de diálogo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los agentes sociales, en torno a la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, daba lugar a nuevas mejoras en el mes de septiembre. Así, al 2% anteriormente señalado, se sumaría una actualización adicional del 1,5% para el presente ejercicio. La subida multianual también contemplaría un incremento del 2,5% fijado para 2023, incluyendo dos variables adicionales, una del 0,5% vinculada al IPC acumulado de los años 2022 y 2023 (cuando este se sitúe por encima del 6%) y otra del 0,5% vinculada al PIB (en el caso de que sea superior al 5,9%). Para 2024, se establecería una subida anual fija del 2% y otra adicional del 0,5% siempre y cuando el IPC acumulado del 2022, 2023 y 2024 sea superior al 8%.

El diálogo buscaría consensuar otras mejoras como la implantación de la jornada laboral de 35 horas, así como avances en lo que respecta a la promoción interna o la movilidad y el acceso de los funcionarios. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) abogarían por que las actuaciones vayan a su vez encaminadas a la corrección de las desigualdades retributivas entre empleados de diferentes territorios o la equiparación de las pensiones de clases pasivas a las del régimen general mediante el incremento de los haberes reguladores.

El año también habría estado marcado por la aprobación de la que, hasta el momento, ha sido la mayor oferta de empleo público de la historia con 44.758 plazas, así como más recientemente, la aprobación del anteproyecto de Ley de Función Pública para modernizar la Administración y reformar el sistema de empleo público. La citada Ley espera convertirse en una herramienta a través de la que poder crear un modelo basado en las competencias del personal funcionario y mediante la que favorecer y retener el talento.

Reforma de pensiones públicas

El primer bloque de medidas de la reforma de las pensiones públicas se veía materializado el 1 de enero del 2022, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre.  En lo que respecta a la segunda fase, el Gobierno se comprometía con Bruselas a consensuar nuevas medidas con los agentes sociales antes de que concluya el presente año, lo que habría dado lugar a la aprobación de nuevas medidas. Entre algunas de las novedades introducidas durante el transcurso de los últimos doce meses, se encontraría la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,5%, tras su revalorización con el IPC, siendo del 3% en el caso de pensiones mínimas y no contributivas.

Uno de los campos en los que más se habrían trabajado últimamente es en el referido al ahorro complementario a través de los planes de pensiones de empleo, mediante la Ley 12/2022, de 30 de junio o el Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre. El objetivo, sería promocionar estos sistemas, dado su escasa popularidad en nuestro país, en el que tan solo un 10% de la población activa estaría adscrito a uno.

El Pacto de Toledo contemplaría entre sus recomendaciones la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, a fin de lograr una mayor eficacia en la gestión del sistema, habiendo concluido el plazo para su creación el pasado mes de junio. La demora en su constitución habría generado cierta disconformidad entre a las organizaciones sindicales. No obstante, a escasos días de que concluya el año, y al igual que ocurriría con el periodo de cálculo de cotización no se habría logrado, por el momento, un acuerdo en este ámbito. De hecho, esto último habría generado cierta confrontación entre José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales. Y es que el ministro habría planteado la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de los años trabajados para acceder a la jubilación, pasando de los 25 años actuales hasta los 30, pudiendo prescindir de los dos peores, algo que no convencería a los agentes sociales.