Los funcionarios y la atención privada salen en defensa del mutualismo administrativo

Los funcionarios y la sanidad privada han salido en defensa del mutualismo administrativo tras la Proposición no de Ley (PNL) presentada recientemente en el Congreso por el grupo parlamentario Unidas Podemos, dirigida a integrar a los nuevos mutualistas en el régimen general del Sistema Nacional de Salud.

Ante la incertidumbre que tal iniciativa habría despertado entre los mutualistas, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) emitían un comunicado en el que emplazan a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, a una reunión, a fin de poder ofrecer algo de certidumbre al colectivo. Del mismo modo, el sindicado solicita a dicho Ministerio el cierre de un nuevo concierto sanitario con las mutuas que garantice la sostenibilidad del modelo en los próximos años, así como la atención sanitaria de los funcionarios acogidos a este sistema. Respecto a “la posición privilegiada de las personas adscritas al mutualismo administrativo”, a la que se hace referencia en la proposición de Unidas Podemos, CSIF recuerda que este surge como consecuencia de un periodo en el que los funcionarios no contaban con Seguridad Social y, por tanto, tenían que acudir a un seguro privado de atención sanitaria, añadiendo que las coberturas a las que acceden los mutualistas son en ocasiones menores a las ofertadas por las comunidades autónomas al resto de ciudadanos.

Por su parte, según lo apuntado por diferentes medios el Gobierno habría asegurado la perdurabilidad del modelo durante, al menos, esta Legislatura. 

La atención privada defiende la eficacia de las mutuas

La efectividad del mutualismo administrativo también ha sido respaldada por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), exponiendo que este modelo supondría un ahorro para el sistema de entre 720 y 800 millones de euros al año. A ello también se le suma su contribución al tejido empresarial, destacando que en el caso de incurrir en su hipotética eliminación esto conllevaría una pérdida de 39.000 empleos en el sector privado, aumentando la presión de un Sistema Nacional de Salud debilitado por la pandemia.  

Además de los puntos señalados, el comunicado hace hincapié en el hecho de que un 80% de los funcionarios elegiría ser asistido en centros privados, constatando la satisfacción que generaría entre el colectivo esta modalidad. “El modelo de las mutualidades vertebra la totalidad del sector sanitario: por una parte, mantiene los hospitales privados en provincias donde los hospitales son a veces la primera fuente de generación de empleo y, a su vez, estos complementan a los hospitales públicos garantizando la accesibilidad a la población general. La desaparición del modelo implicaría un terremoto que a modo de dominó afectaría a todo el sistema”, concluye el comunicado.

Aspectos destacados de la PNL presentada por Unidas Podemos

Mediante la Proposición no de Ley presentada, la formación morada da continuidad a un proceso que tiene por objetivo acabar paulatinamente con los sistemas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que actualmente darían cobertura a más de dos millones de funcionarios públicos. La supresión de estos modelos pretende poner fin a las inequidades que, según Unidas Podemos, generaría entre la ciudadanía el mantenimiento de las mutualidades de funcionarios. “La defensa de un modelo de salud pública universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas. La sostenibilidad social del sistema sanitario público requiere incluir a los referidos colectivos”, recoge la citada proposición. 

Centrándose en MUFACE, organismo dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, a su vez, el más representativo, al atender a 1.473.641 mutualistas y beneficiarios, el documento analiza algunas de las características de este modelo que derivarían en las disimilitudes anteriormente mencionadas. Entre las cuestiones señaladas, el grupo parlamentario pone el foco en la modalidad de atención ofrecida por el mutualismo administrativo, alegando que este emplearía “proveedores privados con financiación pública para la cobertura sanitaria”, además de destacar la ausencia de medidas orientadas a la universalización y ampliación de la atención pública en el Plan Avanza 2021-2023 elaborado por MUFACE, entre otras cuestiones. En lo que respecta a la atención sanitaria, la mutualidad ofrece a los funcionarios la posibilidad de elegir entre la modalidad pública o privada, siendo esta última la opción más demandada por el colectivo. Gracias a la firma de conciertos con entidades aseguradoras, quienes optan por la sanidad privada pueden elegir a su vez entre cuatro compañías: SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV o Igualatorio Cantabria.