Actualización salarial

El Gobierno plantea a los sindicatos una subida multianual del salario de los funcionarios con efectos retroactivos

 

El reinicio de las negociaciones entre el Gobierno y las organizaciones sindicales en torno a las mejoras de las condiciones laborales y salariales de los funcionarios traía consigo sus primeros avances, tras la propuesta presentada el 28 de septiembre y, mejorada apenas un día más tarde, de proceder a una subida multianual con efectos retroactivos desde enero del 2022. La medida, supondría una actualización adicional del 1,5% para el presente ejercicio que, junto al 2% contemplado en los Presupuestos Generales del Estado se vería traducida en una subida del 3,5%, manteniéndose igual a la propuesta inicial. Las modificaciones vendrían para los dos años siguientes, de tal manera que, el incremento del 2,5% fijado para el 2023 vendría acompañado de dos variables adicionales, una del 0,5% vinculada al IPC acumulado de los años 2022 y 2023 (en el que caso de que este se sitúe por encima del 6%) y otra del 0,5% ligada al PIB (siempre y cuando este se sitúe por encima del 5,9%). Para 2024 se contemplaría una subida del 2% fija y un 0,5% adicional en el caso de que el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supere el 8%.

 

No obstante, desde CSIF considerarían que, pese a valorar positivamente los avances alcanzados hasta el momento, la actualización del 9,5% planteado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública no sería suficiente a la hora de hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo que desde hace años vendría arrastrado el colectivo, acentuada más aún por la inflación. Tomando como referencia datos proporcionados por la organización sindical, durante los últimos doce años los empleados públicos habrían visto reducido su poder de compra un 20%.

 

Además de las mejoras retributivas, el Gobierno contemplaría introducir otra serie de modificaciones en lo que respecta a la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la promoción interna, la movilidad y el acceso de los empleados públicos, entre otras cuestiones. Una serie de reivindicaciones que desde los sindicatos llevarían años defendiendo y por las que CSIF se manifestaba apenas cuatro días antes de conocerse la oferta inicial planteada por el Gobierno. Tal y como recogería en un comunicado publicado el mismo 28 de septiembre, el sindicato estimaría oportuno introducir una serie de actuaciones en aras de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y, por consiguiente, la calidad de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Entre sus propuestas, estaría alcanzar un acuerdo plurianual en materia económica que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y que contenga una cláusula salarial vinculada a la subida del IPC, corregir las desigualdades retributivas entre los empleados de diferentes territorios, la equiparación de las pensiones de clases pasivas a las del Régimen de la Seguridad mediante el incremento de los haberes reguladores o la garantía de financiación para las mutualidades para asegurar que estas presten una asistencia sanitaria adecuada.