El Gobierno mantiene el copago farmacéutico a los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU

Los mutualistas adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) seguirán teniendo que abonar el 30% del precio de los medicamentos prescritos. Así lo habría manifestado el Ejecutivo en un escrito parlamentario, al considerar que el colectivo ya se vería beneficiado a lo largo de su trayectoria laboral. Con ello, el Gobierno da continuidad al modelo implantado en 2012 por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que establece una aportación fija para los mutualistas.

Si bien, el porcentaje para los funcionarios de clases pasivas se situaría en un 30% del precio de venta al público, sería inferior para los mutualistas jubilados, según lo expuesto por el Gobierno. Ello se produciría “dado que el consumo de medicamentos en el colectivo va vinculado generalmente a patologías crónicas, cuyos tratamientos se realizan mediante medicamentos calificados de aportación reducida, por lo que el paciente abona únicamente un 10% del precio de venta, con un máximo de 4,24 euros por envase”, recoge el documento. El porcentaje también sería menor durante la etapa en activo, registrando unas cifras inferiores a las del Régimen General.

El texto haría alusión, a su vez, a las ayudas dirigidas a colectivos vulnerables, convocadas anualmente desde el año 2018 por MUFACE. Es decir, personas mutualistas jubiladas, titulares viudas o huérfanas que cumplen una serie de requisitos. Entre sus objetivos se encontraría contrarrestar el gasto económico derivado de la prestación farmacéutica.

RAGCE y AJPNE contrarios al copago

La reducción del copago farmacéutico sería una reivindicación que, desde hace años, vendrían realizando asociaciones como los Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) o la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España (AJPNE). Una petición que en los últimos años les habría llevado a presentar, de forma conjunta, diferentes iniciativas legislativas populares en el Congreso de los Diputados. Para ambas asociaciones, enfrentarse al pago de un 30% del copago farmacéutico sería contrario a los principios constitucionales de “igualdad” y “equidad”, al limitar el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con rentas más bajas. Por ello, ambas entidades solicitarían que tanto mutualistas, como beneficiarios puedan acceder a la prestación farmacéutica ambulatoria en condiciones de igualdad como el resto de pensionistas y beneficiarios acogidos al Régimen de la Seguridad