El envejecimiento demográfico y las pensiones entre los objetivos de la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea
Por
quinta vez en su historia, España asumía el 1 de julio la presidencia del
Consejo de la Unión Europea, una función que se extenderá hasta el 31 de
diciembre del 2023. La Presidencia de España coincide con el fin del ciclo
institucional europeo, antes de las elecciones al Parlamento Europeo que, a
priori tendrán lugar en mayo del 2024. Durante este periodo, nuestro país será
el encargado de dar continuidad a los trabajos que se vienen desempeñando en el
seno de la institución que, reúne a todos los Estados miembros a través de sus
representantes ministeriales. España tendrá que colaborar a su vez, con otras
dos presidencias, encabezadas por Bélgica y Hungría, que conformarán el
denominado “Trío”, grupo informal compuesto por tres presidencias, que han de
colaborar durante dieciocho meses. Las cuestiones prioritarias
marcadas por la Presidencia de España se centrarían en cuatro ejes: reindustrialización
de la UE y garantía de su autonomía estratégica abierta; transición ecológica y
adaptación medioambiental; justicia social y económica; y refuerzo de la unidad
europea.
La
demografía, entendida como el reto demográfico y la lucha contra la
despoblación, constituye uno de los ejes en los que centrará su actuación la
Presidencia española, según
se recoge en su programa. Para ello, se contempla una Estrategia europea
que permita la adaptación de los sistemas nacionales de protección social al
envejecimiento demográfico, además de una Garantía europea para mayores.
En
línea con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Plan de Acción adoptado por
la Comisión Europea en marzo del 2021 y el compromiso acordado, en materia de
derechos sociales, por el Consejo Europeo Extraordinario en la Cumbre Social de
Oporto 2021, las prioridades de la Presidencia Española en materia de políticas
laborales fijan sus actuaciones en la reducción de las desigualdades, el fortalecimiento
de los derechos laborales y sociales, y la protección de aquellos colectivos
más vulnerables.
Destaca
el apartado dedicado a la Seguridad Social en el que se hace referencia al “fortalecimiento
del escudo social europeo”, a través de las pensiones. “La protección social de
los trabajadores autónomos; el impulso a la modernización de los modelos de
protección del empleo y las rentas; así como de la coordinación de los sistemas
de seguridad social para favorecer la movilidad laboral y la integración del
mercado de trabajo europeo”, constituyen los principales campos de actuación en
los que se va a trabajar. Para lograrlo,
se dará continuidad a los expedientes legislativos abiertos.
Las políticas laborales también contemplan la Estrategia europea en materia de cuidados, visibilizando esta realidad y estableciendo como una de las acciones clave a seguir, de cara a estos meses, que todas las personas puedan acceder a este derecho.
