José Luis Escrivá comparece ante el Pacto de Toledo para informar sobre el estado de la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecía a petición propia durante la tarde del 12 de abril ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Enmarcado en las negociaciones mantenidas con los agentes sociales y las autoridades europeas, el encuentro servía al titular de la Seguridad Social para dar cuentas a los parlamentarios sobre el estado de las recomendaciones aprobadas por el Congreso en noviembre del 2020 y sobre las que se sustenta la futura reforma de las pensiones públicas.

Focalizándose en la primera de las dos fases mediante las que se pretende llevar a cabo una reestructuración gradual del sistema que logre garantizar su sostenibilidad a largo plazo, Escrivá detallaba los principales elementos que constituirían este bloque inicial y sobre los que ya se estaría trabajando en la mesa del diálogo social. Revalorizar las pensiones, acercar la edad efectiva y la edad ordinaria de jubilación (siendo este punto el grueso de su intervención), liberar al sistema de la Seguridad Social de los denominados gastos impropios e implementar un nuevo modelo de cotización para los profesionales autónomos serían las recomendaciones que guiarían esta primera fase. Siguiendo este mismo orden, el ministro comenzaba desglosando las medidas con las que buscaría garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, diciendo estar concretando con sindicatos y patronales “una fórmula más sencilla, transparente y comprensible por todos” en base a la que revalorizar las pensiones teniendo como referente el IPC del año anterior. Este mecanismo que, previsiblemente sería revisado cada cinco años por el Pacto de Toledo, permitirá a su vez que en el caso de registrarse una inflación negativa esta se vea compensada a lo largo de los tres años siguientes, excluyendo de tal compensación a las pensiones mínimas.

En lo que respecta al acercamiento de la edad real de jubilación a la legal, José Luis Escrivá incidía en la baja tasa de actividad registrada en nuestro país en comparación con la media europea una vez superada la barrera de los 65 años. Dicha realidad encontraría su razón de ser, según lo expuesto por el ministro, en el impulso de mecanismos que promueven una salida temprana del mercado laboral y el desconocimiento generalizado de la población en torno a los incentivos aplicables a la jubilación demorada. A fin de concienciar acerca de la importancia que ostentan los profesionales senior en este ámbito, Escrivá recordaba que existirían claras evidencias de que “un incremento de la tasa de actividad de los trabajadores mayores no perjudica a los jóvenes, sino que aumenta sus posibilidades de empleo".

Nuevos incentivos para demorar la jubilación

Para lograr alargar las carreras de cotización de los trabajadores una vez alcanzada la edad legal de jubilación, el ministro proponía “un nuevo abanico de incentivos” que ofrezcan a la persona interesada poder elegir entre aumentar su nómina mensual mediante un porcentaje compensatorio de carácter vitalicio del 4% por año demorado, el pago único de una cuantía que podrá alcanzar los 12.060,12 euros (en el caso de carreras más largas), también por año de demora, o una combinación de ambas opciones. Por su parte, el plan contemplaría a su vez el proceder a una modificación de los coeficientes reductores aplicables a la jubilación anticipada voluntaria, integrando entre sus novedades que estos pasen a ser mensuales en vez de trimestrales como venían siendo hasta ahora, así como su aplicación sobre la cuantía de la pensión a fin de lograr una mayor equidad, entre otras propuestas.

Los modelos de jubilación parcial y forzosa

Durante su intervención, José Luis Escrivá hizo referencia a cómo la jubilación parcial “se ha convertido en un mecanismo, por el cual, uno trabaja el primer año y no trabaja el segundo”, pretendiendo finalizar con esta práctica. Limitar la concentración de la jornada, ofreciendo a su vez a los trabajadores la posibilidad de concentrar un 60% de la actividad durante el primer año sería uno de los mecanismos planteados en el diálogo social. Reiterando su posición de entender la jubilación como un derecho, en vez de como una obligación, el ministro volvía a mostrar su disconformidad con la jubilación forzosa proponiendo, entre otras medidas, no aplicar estas cláusulas hasta años más tarde de la edad legal, siguiendo con el modelo francés.