Hacia la reforma definitiva del modelo de pensiones. Revalorización de las cuantías y propuesta a Bruselas

Las pensiones públicas siguen avanzando hacia su futura reforma. Si a finales del 2020, la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo alcanzaba un consenso en las 22 recomendaciones que, previsiblemente guiarán la remodelación del modelo público, el 2021 sigue la estela del pasado año, acercándonos cada vez más al que será el documento definitivo. Considerado como uno de los puntos esenciales a la hora de poder formalizar la reforma, el Ejecutivo remitía a Bruselas las últimas dos fichas, de las treinta acordadas, con las principales propuestas para la reconstrucción del país. La reforma laboral y de pensiones culminaban así un proceso por el que España espera recibir, durante los próximos tres años, un total de 72.000 millones de euros a través del Plan de Recuperación europeo.

En lo referido a las pensiones públicas, el documento recoge algunas de las líneas más destacadas por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuya principal pretensión gira en torno a conseguir aprobar a lo largo de este año la nueva normativa, a fin de que esta pueda entrar en vigor en 2022. En este sentido, el documento plantea la necesidad de proceder a una separación de fuentes de financiación o lo que también ha sido denominado por el ministro como “liberación de gastos impropios” de la Seguridad Social. Una cuestión que ya habría sido introducida en los Presupuestos Generales del Estado del presente año, iniciando así un proceso que pretende concluir en 2023. Con respecto al acercamiento de la edad real de jubilación a la legal, otra de las medidas más defendidas por Escrivá para dotar de sostenibilidad al sistema, se plantea proceder a un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas, especialmente en el caso de las rentas más altas, incentivando, por el contrario, las tardías. 

Protección del poder adquisitivo de las pensiones

Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es, según lo manifestado por el Gobierno, una de sus máximas prioridades. Por ello, proponen que sea el IPC y no el índice de revalorización aprobado en el año 2013, el mecanismo sobre el que proceder a revalorizar las pensiones y mediante el que evitar una bajada nominal de las prestaciones ante situaciones puntuales que deriven en una ganancia de poder adquisitivo, como la acontecido en este año. De igual manera, se plantea derogar el conocido como factor de sostenibilidad, aprobado también mediante la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social del 2013, por el que se relacionaba la pensión pública con la esperanza de vida, introduciendo nuevos mecanismos que contribuyan a mantener una “equidad intergeneracional”, en los que además de la esperanza de vida se estudien otros factores que, entre otras cosas, permitan a generaciones más jóvenes eludir aquellos ajustes fruto de la jubilación de la generación del baby boom.

En cuanto al periodo de cómputo de las pensiones, que muchos medios apuntaban que podría llegar a incrementarse hasta los 35 años (en comparación con los 24 actuales), si bien, no se habría establecido finalmente un periodo determinado, se plantea la necesidad de proceder a su ampliación, a fin de que esta refleje más minuciosamente la vida laboral de la persona. A su vez, el documento aborda otras cuestiones de actualidad, como el complemento de maternidad en las pensiones de jubilación, promoviendo que este también pueda ser reconocido a los hombres. Una dinámica diferente de la que gozaría en la actualidad, distinguiendo a aquel progenitor o progenitora, que haya visto más perjudicada su carrera contributiva. Además de estas propuestas, el documento también haría referencia a los sistemas complementarios de pensiones, el aumento de las bases máximas de cotización o la cotización de los autónomos según sus ingresos.

Revalorización de las pensiones

Siguiendo con lo expuesto en el Título IV de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, por el que se establece el porcentaje revalorizador de las pensiones públicas para el nuevo ejercicio, el BOE emitía a día 27 de enero, el Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021, tras haber sido aprobado en el Consejo de Ministros del día anterior. La norma formaliza la revalorización del 0,9% en el caso de las pensiones contributivas y del 1,8% en aquellas de carácter no contributivo. Una medida mediante la que se pretendería mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas en general y, particularmente, el de aquellas personas con nóminas más bajas. Con efectos activos desde este 1 de enero, la subida beneficiará a cerca de 65.000 pensionistas de Clases Pasivas que ya disfrutan de este incremento en sus nóminas.

Según lo apuntado por José Luis Escrivá, esta sería la última vez que la subida se llevaría mediante un Real Decreto-ley, ya que se espera que gracias a la reforma que entraría en vigor el próximo año, la revalorización se realice de manera automática.