Principales aspectos del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica

La crisis del COVID-19 ha obligado a gobiernos de todo el mundo a actuar con celeridad ante la proliferación de un virus que, si en un inicio se presentaba como una gran amenaza para la salud pública, hoy, sus secuelas dejan verse más allá del ámbito sanitario. A fin de poder trazar una línea de actuación sobre la que centrarse de cara a los próximos meses, el Congreso constituía a día 7 de mayo la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, presidida por Patxi López y orientada a paliar los efectos de la pandemia, a través de la elaboración de una serie de conclusiones en torno a cuatro ejes: reforzar la sanidad pública, reactivar la economía, fortalecer las políticas sociales y definir una posición clara de nuestro país ante la Unión Europea. Tras dos meses de intensas reuniones, y habiéndose habilitado por primera vez en la historia un canal para que la ciudadanía pudiera ser partícipe de dicha reconstrucción, la Comisión aprobaba el 3 de julio el Dictamen que recoge las conclusiones extraídas por cada uno de los cuatro grupos de trabajo que la conforman. Entre las propuestas ciudadanas recibidas se encontraban, en su mayoría, cuestiones estrictamente relacionadas con la salud y el empleo, siendo a su vez, las que más peso ganarían a la hora de proceder a la elaboración del documento. Posterior a esa aprobación, el Congreso iniciaba este martes 21 de julio una votación encaminada a ratificar las recomendaciones propuestas, así como aquellas de carácter transaccional, con el objetivo de poder iniciar cuanto antes la labor de reconstrucción.

En lo referido a sanidad, el Dictamen recoge, entre otros asuntos, la necesidad de llevar a cabo la actualización de la legislación vigente, mediante la elaboración de un calendario en el que se contemplen una serie medidas orientadas a afrontar un posible rebrote de la COVID-19 o la irrupción de cualquier otra epidemia, además de proceder a acabar con la temporalidad predominante en los contratos de los profesionales que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS), así como velar por el cumplimiento del acceso universal al sistema sanitario. La denominada temporalidad contractual “excesiva” adquiere cierto protagonismo en el apartado relativo a la reactivación económica, planteándose que se desarrollen las “reformas pertinentes” para revertir esta situación, y dando cabida a otras cuestiones como la regulación del teletrabajo, la formación continua de los trabajadores y la implementación de un fondo de capitalización en las empresas de cara a la jubilación de los empleados, como pudiera ser la integración de la denominada mochila austriaca.

Con respecto a la Unión Europea, se menciona la importancia de trabajar en la aprobación de un Fondo de Recuperación, hoy ya logrado, reducir las desigualdades sociales o encaminarse hacia la consecución de una Unión Sanitaria que permita superar conjuntamente futuros rebrotes de la COVID-19 u otras pandemias.

Valor de las políticas sociales

Si existe un segmento de la población que más se ha visto afectado en cuestión de salud y de derechos, este lo constituyen las personas de mayor edad. Es por ello, por lo que muchas de las recomendaciones que se encuentran en el apartado de políticas sociales están encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mayores, para lo que se apuesta por proteger e impulsar los servicios sociales, además de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En relación con este segundo aspecto, el documento pone de manifiesto que el Pacto de Toledo trabaje por alcanzar un consenso que permita devolver a la ciudadanía la certidumbre en materia de prestaciones públicas, dando simultáneamente respuesta a los retos emergentes.

La situación que estamos viviendo durante estos meses y en especial, en aquellos en los que se procedió al confinamiento de la población, han evidenciado el valor del tercer sector y muy singularmente, el del sistema de cuidados. Al igual que habría reiterado en numerosas ocasiones el Defensor del Pueblo, el Dictamen reflexiona acerca de las ratios de personal, apremiando a proceder a su actualización, para que las necesidades de estas personas siempre se vean cubiertas. Es por ello, por lo que se aboga por evaluar nuevamente la Ley de la Dependencia, tras las deficiencias detectadas en el sistema, haciendo a su vez hincapié en la importancia de alcanzar una mayor coordinación entre el sistema sanitario y social, a fin de que los residentes de centros residenciales conserven “sus derechos a la atención sanitaria desde el Sistema Nacional de Salud y a la atención a su situación de dependencia”. Para facilitar dicha coordinación, se propone crear un órgano que, entre otras funciones, logre planificar los cuidados de larga duración. La Comisión también pone el foco en uno de los grandes problemas del siglo XXI, el de la soledad no deseada, queriendo hacer partícipe a la sociedad del mismo, a través de programas de sensibilización y mediante la creación de redes de apoyo que permitan a la persona que así lo desee poder envejecer en casa.

Pese a ser un reflejo de algunas de las carencias más visibles durante la epidemia del COVID-19, el Congreso no validaba finalmente el dictamen sobre medidas sociales, debiendo proceder a su reelaboración, tras existir ciertas discrepancias entre los grupos políticos, especialmente en cuestiones de ámbito educativo.