La llegada de septiembre acelera la reforma de las pensiones públicas

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04-09-2020

El mes de agosto concluye con la mirada puesta en un septiembre marcado por una agenda política que, siguiendo la estela de meses anteriores, vuelve a posicionar a la COVID-19 como la principal protagonista de las medidas en las que actualmente se encuentra trabajando el Ejecutivo y sobre las que, previsiblemente, seguirá haciéndolo hasta que finalice el año. Si bien, la llegada del 2020 y, por consiguiente, el inicio de la nueva legislatura, dejaban entrever las principales líneas de actuación sobre las que se centraría el Gobierno de Pedro Sánchez, la irrupción de la epidemia relegaba a un segundo plano otras cuestiones, como pudiera ser la equiparación salarial o la reforma de las pensiones públicas. Una reforma, que según exponía el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de la Seguridad Social, publicado durante el mes de agosto, debiera ser acometida cuanto antes a fin de lograr dotar de una mayor sostenibilidad a un sistema marcado por un “déficit estructural”.

Proceder a la reestructuración del modelo público de pensiones es un hecho que, ya desde su etapa como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el hoy ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, identificaba como el camino más eficiente a la hora de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Pese a la necesidad de seguir trabajando en las posibles deficiencias que presenta el sistema, la publicación del informe ocasionaba que Escrivá volviera a referirse a la Seguridad Social como una institución “solvente y sostenible”, algo que ya habría reiterado en numerosas ocasiones.

Actualmente, es la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, la que tras su reciente reactivación se encuentra trabajando en la elaboración del documento que guiará la futura reforma de las pensiones, cuya presentación se espera que pueda realizarse antes de que finalice el mes. Para ello, y cumpliendo con lo previsto, el Congreso recibía a puerta cerrada los días 3 y 4 de septiembre (respectivamente) al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos y a la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, cuyas reuniones estarían encaminadas a que la comisión pueda concluir cuanto antes con dichas recomendaciones. Unos encuentros que previsiblemente culminarían con la comparecencia en el Congreso de José Luis Escrivá, cuya intervención se espera que tenga lugar en los próximos días.

La actual coyuntura sería la principal razón por la que la comisión habría decidido acelerar un proceso en el que se lleva trabajando desde anteriores legislaturas y que supone la única vía para poder alcanzar la reforma de las pensiones públicas. Entre las posibles medidas que podrían llegar a ver la luz se encontrarían recomendaciones como: revalorizar las pensiones al IPC real, finalizar con el déficit de la Seguridad Social en 2025, elevar la dotación mínima del Fondo de Reserva pasando de un 5% a un 7% del gasto en pensiones contributivas y sometiéndolo a una regla de disponibilidad, así como lograr que la edad efectiva de jubilación se aproxime a la legal, mediante el endurecimiento de las penas a las jubilaciones anticipadas y el incentivo a las jubilaciones tardías.

Referencia a las Clases Pasivas

La mención de José Luis Escrivá sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad no es la única que ha realizado el ministro durante el mes de agosto. En lo relativo al traspaso de las Clases Pasivas al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el ministro volvía a hacer hincapié en la necesidad de no crear incertidumbre entre el colectivo de pensionistas con informaciones que podrían generar confusión entre los mismos. En más de una ocasión, el ministro ha querido aclarar que el cambio de dependencia ministerial respondería a una cuestión de carácter administrativo, sin que ello suponga ningún tipo de perjuicio a aquellos adscritos a dicho Régimen.