El Gobierno aprueba el primer bloque de la reforma de pensiones

13-07-2021

El consenso alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicatos en materia de pensiones ha traído consigo la aprobación del Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que materializa el primer bloque de la reforma del modelo público y para cuya entrada en vigor habrá que esperar hasta el 1 de enero del 2022.

En palabras de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “el acuerdo da cumplimiento a doce de las veintidós recomendaciones que el Pacto de Toledo elevó al Pleno del Congreso y este elevó al Gobierno en el octubre pasado”. Esta primera pata de la reforma, a la que el Consejo de Ministros del 6 de julio daba luz verde, cumple a su vez con el compromiso adoptado por el Ejecutivo español con la Comisión Europea sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, al efectuar parte de lo recogido en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una cuestión en la que incidía especialmente Escrivá durante su intervención ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, para dar cuentas del acuerdo rubricado días antes con los agentes sociales.

Entre las medidas que integran la parte inicial de la reforma, destaca una de las propuestas más defendidas por el actual titular de la Seguridad Social a la hora de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, indexar las pensiones al IPC. De esta manera, los jubilados verán incrementada su pensión en función de la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior, llegando a quedar inalteradas en el caso de que dicho crecimiento sea negativo. A su vez, el acuerdo pone fin al índice de revalorización de las pensiones (IRP), introducido en la reforma del 2013, y por el que la subida anual de las prestaciones se veía limitada a un 0,25% en casos de déficit, así como al factor de sostenibilidad, quedando pendiente de ser sustituido por un nuevo mecanismo intergeneracional que tendrá que ser concretado por el Gobierno y los agentes sociales antes del próximo 15 de noviembre.

Penalización a la jubilación anticipada e incentivos positivos para quien alargue su carrera laboral

Respecto al alineamiento de la edad efectiva de jubilación a la legal, otro de los puntos en los que más ha incidido Escrivá de cara a la futura remodelación del sistema, el Anteproyecto contempla una serie de medidas orientadas a alargar las carreras laborales de los profesionales. Para ello, se procede a la revisión de la jubilación anticipada (voluntaria, involuntaria y por razón de actividad), activa, forzosa y demorada.  En lo que se refiere a esta última, el acuerdo fija una serie de incentivos voluntarios orientados a que los trabajadores retrasen su salida del mercado laboral. De esta manera, los futuros jubilados podrán elegir entre ver incrementada su pensión un 4% por cada año demorado, frente al 2% que se contemplaba antes de la reforma, la recepción de un pago último que podrá ascender hasta los 12.000 € (dependiendo del número de años cotizados), o una combinación de ambas opciones. Y para ello, la futura norma también contempla penalizar las jubilaciones anticipadas voluntarias, introduciendo entre sus novedades que los coeficientes reductores de la pensión pasen a ser mensuales, en vez de trimestrales, y estableciendo al mismo tiempo que estos actúen sobre la cuantía de la pensión en vez de sobre la base reguladora. En líneas generales, los trabajadores que decidan adelantar su retiro dos años antes de la edad legal verán reducida su pensión en mayor medida con la nueva reforma, mientras que quienes se jubilen por debajo de este umbral tendrán unas penalizaciones menos severas que las contempladas en la normativa vigente.

Cambios en la jubilación forzosa y otras novedades

Para aquellos casos en los que sea la propia empresa la que obligue a sus trabajadores a retirarse, el acuerdo alcanzado establece, tal y como apuntaba el titular de la Seguridad Social, que “no será posible ejercer cláusulas convencionales de jubilación forzosa de trabajadores con una edad inferior a 68 años”, a excepción de cuando el sector registre una escasa participación femenina. En tales circunstancias, estas se podrán aplicar en trabajadores con edades inferiores, siempre y cuando, la persona que salga tenga acceso al 100% de la pensión de jubilación y su salida vaya acompañada de la contratación a tiempo completo y de manera indefinida de una mujer.

El pacto alcanzado culmina el proceso iniciado con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 en lo referido a la separación de fuentes, eliminando los señalados por el ministro como “gastos impropios” de la Seguridad Social, que pasarán a ser asumidos por el Estado. La norma abre al mismo tiempo la puerta al diseño de un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos (que comenzará a introducirse gradualmente en 2022), la equiparación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios o la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. En definitiva, la reestructuración del sistema de pensiones busca “recuperar toda la credibilidad perdida de esa reforma fallida del 2013” poniendo al diálogo en el centro del proceso, apuntaba Escrivá ante la Comisión del Pacto de Toledo.