La Plataforma de Mayores y Pensionistas analiza la relación entre las personas mayores y las instituciones
En
su relación diaria con las instituciones, ya sean públicas o privadas, las
personas mayores se enfrentan a ciertas situaciones discriminatorias. Así lo
creería una de cada tres personas mayores de 65 años, al considerar inadecuado
el trato ofrecido por las Administraciones Públicas. El porcentaje sería algo
superior cuando se trata de valorar aquel prestado por empresas de servicios
esenciales, siendo esta la opinión para el 45,5% del colectivo. Los datos se
extraen del informe “El
trato de las personas mayores en las instituciones”, elaborado por la
Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Fresno Consulting, presentado durante la mañana del 22 de
marzo en una jornada organizada por Servimedia. “Un trato adecuado
significa atender a las necesidades diferenciales de las personas, mientras que
un trato inadecuado o mal trato sitúa primero a las organizaciones, empresas o
servicios y espera que las personas se adapten a ellos”, recoge el citado informe.
La
discriminación a la que se verían sometidas las personas mayores respondería a
una cuestión de edad y en ocasiones, no sería identificada como tal, por las
instituciones, siendo imprescindible realizar una labor de formación y
sensibilización. Entre los factores que darían lugar a esta discriminación se
encuentra la brecha digital, ante la imposición de los canales digitales en la
realización de trámites. Además de la desconfianza que generarían estos canales
y la exclusión que sentirían estas personas al prohibir la atención presencial,
se suma el hecho de que una parte importante del colectivo alegue tener
problemas a la hora de realizar gestiones y consultas online. “Muchas personas
mayores querrían hacer más uso de los medios y canales digitales, pero para
ello necesitan apoyos”, apuntaba José Manuel Fresno, director de Fresno
Consulting. En lo que se refiere a esta cuestión, las recomendaciones definidas
por los casi cuarenta expertos que han participado en la elaboración del
informe, estarían orientadas a garantizar una atención personalizada ya sea vía
telefónica o presencial, incidiendo a su vez en la necesidad de ofrecer siempre
la alternativa presencial. En esta idea de evitar que la transición digital
pueda generar nuevas barreras, Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función
Pública, insistía en que desde las administraciones públicas se lleve a cabo
una labor de acompañamiento, ofreciendo a las personas la posibilidad de elegir
cómo quieren ser atendidas, respetando en todo momento sus derechos
fundamentales. Por ello, creería prioritario “generar un entorno de confianza
para este colectivo, de manera que pueda percibir que los servicios que
ofrecemos son seguros y están adaptados a sus expectativas”.
La
intervención de Mapelli, también haría mención al Foro de Gobierno Abierto y su
compromiso con promover la participación ciudadana, a través de la escucha
activa, lo que permitiría poner a las personas en el centro de la toma de
decisiones, “ayudando a diseñar el futuro de los servicios públicos”.
Principales
líneas de trabajo de la PMP
En
lo que se refiere a los derechos de las personas mayores desde la PMP, su
presidente, Lázaro González, enumeraba las leyes en las que se vendrían
trabajando en los últimos años. Una de ellas es la Ley 15/2022, de 12
de julio, integral para la igualdad de trato, a la que los expertos hacen
referencia entre las propuestas dirigidas a las administraciones públicas, para
evitar el edadismo y la discriminación e imponiendo sanciones por su
incumplimiento. “Es fundamental para que los ciudadanos accedan a servicios de
calidad sin que sean segregados”, apuntaba González. Mención también al
proyecto de Ley
por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del
Cliente Financiero, que se estaría tramitando con procedimiento de
urgencia, y con la que refuerzan los protocolos de protección e inclusión
financiera. Y, por último, la Ley
de Servicios de Atención a la Clientela que, entre otras cuestiones, limita
la atención automatizada.