La Plataforma de Mayores y Pensionistas analiza la relación entre las personas mayores y las instituciones

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26-03-2024

En su relación diaria con las instituciones, ya sean públicas o privadas, las personas mayores se enfrentan a ciertas situaciones discriminatorias. Así lo creería una de cada tres personas mayores de 65 años, al considerar inadecuado el trato ofrecido por las Administraciones Públicas. El porcentaje sería algo superior cuando se trata de valorar aquel prestado por empresas de servicios esenciales, siendo esta la opinión para el 45,5% del colectivo. Los datos se extraen del informe “El trato de las personas mayores en las instituciones”, elaborado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Fresno Consulting, presentado durante la mañana del 22 de marzo en una jornada organizada por Servimedia. “Un trato adecuado significa atender a las necesidades diferenciales de las personas, mientras que un trato inadecuado o mal trato sitúa primero a las organizaciones, empresas o servicios y espera que las personas se adapten a ellos”, recoge el citado informe.

 

La discriminación a la que se verían sometidas las personas mayores respondería a una cuestión de edad y en ocasiones, no sería identificada como tal, por las instituciones, siendo imprescindible realizar una labor de formación y sensibilización. Entre los factores que darían lugar a esta discriminación se encuentra la brecha digital, ante la imposición de los canales digitales en la realización de trámites. Además de la desconfianza que generarían estos canales y la exclusión que sentirían estas personas al prohibir la atención presencial, se suma el hecho de que una parte importante del colectivo alegue tener problemas a la hora de realizar gestiones y consultas online. “Muchas personas mayores querrían hacer más uso de los medios y canales digitales, pero para ello necesitan apoyos”, apuntaba José Manuel Fresno, director de Fresno Consulting. En lo que se refiere a esta cuestión, las recomendaciones definidas por los casi cuarenta expertos que han participado en la elaboración del informe, estarían orientadas a garantizar una atención personalizada ya sea vía telefónica o presencial, incidiendo a su vez en la necesidad de ofrecer siempre la alternativa presencial. En esta idea de evitar que la transición digital pueda generar nuevas barreras, Clara Mapelli, secretaria de Estado de Función Pública, insistía en que desde las administraciones públicas se lleve a cabo una labor de acompañamiento, ofreciendo a las personas la posibilidad de elegir cómo quieren ser atendidas, respetando en todo momento sus derechos fundamentales. Por ello, creería prioritario “generar un entorno de confianza para este colectivo, de manera que pueda percibir que los servicios que ofrecemos son seguros y están adaptados a sus expectativas”.

 

La intervención de Mapelli, también haría mención al Foro de Gobierno Abierto y su compromiso con promover la participación ciudadana, a través de la escucha activa, lo que permitiría poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, “ayudando a diseñar el futuro de los servicios públicos”.

 

Principales líneas de trabajo de la PMP

 

En lo que se refiere a los derechos de las personas mayores desde la PMP, su presidente, Lázaro González, enumeraba las leyes en las que se vendrían trabajando en los últimos años. Una de ellas es la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato, a la que los expertos hacen referencia entre las propuestas dirigidas a las administraciones públicas, para evitar el edadismo y la discriminación e imponiendo sanciones por su incumplimiento. “Es fundamental para que los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin que sean segregados”, apuntaba González. Mención también al proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, que se estaría tramitando con procedimiento de urgencia, y con la que refuerzan los protocolos de protección e inclusión financiera. Y, por último, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que, entre otras cuestiones, limita la atención automatizada.