El Gobierno incluye entre sus prioridades que los jóvenes quieran ser funcionarios
La
atracción del talento joven se ha convertido en una de las grandes prioridades
para la Administración Pública. Los
datos revelan que más del 20% de la plantilla se jubilará en los próximos cinco
años y que al menos el 60% del personal funcionario tiene más de 50 años. A
esta coyunta se suma la pérdida de puestos de trabajo. Tomando como
referencia datos relativos a abril del 2023, el sector público habría perdido
desde entonces 84.319 puestos, tal y como indican desde CSIF. En este
contexto, José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la
Función Pública, trasladaba al Senado a finales del mes de marzo, algunos de
los puntos en los que estarían trabajando desde su departamento, para lograr la
modernización de la Administración General del Estado.
Las
mejoras anunciadas por Escrivá contemplarían un nuevo programa de subvenciones
dirigido a los opositores, ante las dificultades económicas a las que pueden
verse sometidos durante este periodo. Aunque existentes en la actualidad, el
objetivo del que fuera ministro de la Seguridad Social es lograr que estas
lleguen al mayor número posible de beneficiarios. También, que la oferta de
empleo público pueda convocarse en un plazo máximo de doce meses, a fin de
agilizar la incorporación de los funcionarios a la Administración. La
remodelación que pretende llevar a cabo Escrivá incluiría la supresión de la
tasa de reposición para 2025, en sustitución de un mecanismo de carácter
plurianual que responda de forma real a las necesidades de la plantilla.
El
proceso de reforma se iniciaba a finales del pasado año, con la aprobación del Real Decreto-ley
6/2023, de 19 de diciembre, entre cuyas novedades se incluyó la evaluación
del desempeño de los funcionarios. Si bien, su resultado no supondrá en ningún
caso la pérdida de la condición de empleado público, quienes lo superen
recibirán una serie de beneficios, como la remuneración del complemento de
desempeño. El resultado también será tenido en cuenta en la promoción de los
funcionarios. Respecto a la oferta de
empleo público, el citado Real Decreto-ley también introdujo la posibilidad de
que las plazas no cubiertas de una convocatoria de oposiciones se puedan volver
a ofrecer en un plazo máximo de tres años desde su publicación.
A
través de estas medidas, Escrivá buscaría despertar el interés de los más
jóvenes por la función pública y paliar la escasez de mano de obra a la que se
enfrenta la Administración. No obstante, también buscaría introducir una serie
de cambios en lo que respecta a la jubilación del personal funcionario, para
que esta se equipare a la de los profesionales del sector privado.
Jóvenes
y función pública
La
precariedad del mercado laboral, las elevadas tasas de paro juvenil, junto al
deseo de una mayor estabilidad serían las principales razones que llevarían a muchos
jóvenes a plantearse la oposición como una alternativa. De
hecho, 6 de cada 10 personas que tienen intención de prepararse este tipo de
exámenes son menores de 34 años. Entre las razones por las que cada vez más
jóvenes se decantan por esta opción, también destaca el impulso que estaría
dando el Gobierno al empleo público, tras publicar la mayor oferta de plazas el
pasado año.
Por
su parte, los habilitados de clases pasivas son los profesionales encargados de
la tramitación de las prestaciones de los funcionarios incluidos en Régimen de
Clases Pasivas.
