Sanidad aprueba el procedimiento común para certificar enfermedades derivadas del amianto
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS) ha aprobado el procedimiento para la emisión de certificados
de patologías derivadas de la exposición al amianto, en desarrollo del Real
Decreto 483-2025, de 17 de junio, y la Ley 21-2022, de creación del Fondo de
Compensación para las Víctimas del Amianto.
Este paso es fundamental para garantizar que las personas afectadas, tanto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental, puedan acceder de forma homogénea y equitativa a las compensaciones económicas previstas por el Fondo estatal.
Equipos de valoración especializados en todas las comunidades autónomas
El procedimiento contempla la creación de los Equipos
de Valoración de Víctimas del Amianto EVVA en todas las comunidades
autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. Los EVVA actuarán conforme a protocolos
unificados, lo que garantiza la igualdad de trato entre las víctimas, con
independencia de su lugar de residencia.
Primera
fase para personas con incapacidad reconocida
El Real Decreto 483/2025, en vigor desde el 18 de
septiembre de 2025, establece una aplicación progresiva. En esta primera fase,
podrán acceder al procedimiento las personas que ya cuenten con un
reconocimiento firme ,administrativo o judicial, de incapacidad permanente
derivada de una enfermedad profesional provocada por exposición al amianto.
El acceso para nuevos colectivos se irá ampliando
de forma progresiva, conforme a las futuras Leyes de presupuestos generales del
Estado.
Solicitudes
y documentación
Las personas interesadas pueden presentar la
solicitud de certificación en:
- Las Consejerías de Sanidad de su comunidad
autónoma.
- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria INGESA en Ceuta y Melilla.
El procedimiento requerirá que los EVVA tengan
acceso a la historia clínica y otros documentos relevantes, tanto para
confirmar la enfermedad como para verificar el contexto de exposición.
Con esta medida, el Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas garantizan un marco institucional sólido para
facilitar el acceso al Fondo de Compensación, asegurando una respuesta justa y
coordinada ante una problemática de salud pública histórica.