Cerrando la brecha digital de la Administración Pública
Cerrando la brecha digital de la Administración
Pública
En
su relación con la Administración Pública, la ciudadanía ve como en ocasiones
la inadaptabilidad de los servicios digitales a las múltiples realidades de las
personas usuarias redunda en un incumplimiento de sus derechos. Entre los
colectivos más perjudicados por la digitalización de la Administración se
encontrarían las personas mayores, quienes experimentarían ciertas dificultades
a la hora de que tal relación sea efectuada de forma satisfactoria. La falta de
escucha a este grupo poblacional ocasionaría que muchas de sus demandas no se
vean cubiertas y, por tanto, acabe derivando en una discriminación. Una
situación “fácilmente evitable”, apuntaba Cristina Rodríguez, integrante de la
Plataforma de Personas Mayores y Pensionistas, durante su participación en el
diálogo “Brecha
digital y mayores: ¿Es posible una solución?”, celebrado el 2 de julio por
la agencia de noticias Servimedia. Con ello, Rodríguez evocaba a la necesaria
y, no siempre tenida en cuenta, participación del colectivo para este tipo de
cuestiones.
La
complejidad que acompañaría a ciertos procedimientos sería una de las trabas
más comunes que experimentarían muchos usuarios a la hora de realizar trámites
vía online, repercutiendo negativamente en el derecho a la información de la
persona. “El gran reto de la Administración
Pública es ofrecer una Administración próxima a la ciudadanía con una
omnicanalidad”, apuntaba Patricia Leal, responsable de la Unidad de Competencia
Social del Mercado de Administraciones Públicas en Minsait. En este sentido,
Leal reparaba en el hecho de que los canales electrónicos se complementen con
los medios físicos pertinentes, a modo de entender la tecnología como un medio
facilitador y nunca como un fin en sí mismo. Es por ello, por lo que la
digitalización de los servicios públicos, siendo un proceso necesario, ha de
llevarse a cabo desde una perspectiva intergeneracional, mediante la que
conseguir hacer partícipe de este proceso a la ciudadanía, independientemente de
su edad.
En
lo que respecta a la brecha digital, si bien esta sería el reflejo de las
desigualdades sociales existentes hoy en día, y aunque la irrupción tecnológica
habría supuesto un agravamiento de dichos problemas, también sería la vía a
través de la que encontrar la respuesta a los mismos. “Miremos a lo digital no
solo como agravante de la brecha social, sino como posible camino para poder
cerrarla y encontrar soluciones inclusivas para todas las generaciones”,
exponía Elena García de Alcaraz, directora de Fjord Madrid,
agencia de AccentureSong. Garantizar el acceso a Internet de la población,
proporcionando las infraestructuras necesarias para ello sería una de las
cuestiones que más necesarias se plantean a la hora de mitigar las
desigualdades emergidas por la digitalización. Proporcionados los medios, desde
las administraciones han de poner especial atención al uso del lenguaje, siendo
este otro de los puntos que más influirían en el agravamiento de la brecha,
ante la complejidad de los términos empleados y las limitaciones que ello
traería consigo. Para la que fuera directora del Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad (Ontsi),
Lucía Velasco, todo ello ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta el derecho de
la ciudadanía a no ser digital. “La digitalización viene a ayudarnos, no es
algo que tengamos que asumir”, apuntaba. De esta manera, Velasco reflexionaba
acerca del derecho de la población a elegir ser atendida por una persona en vez
de por una máquina y acabar con esa relación digital impuesta.
Apenas
tres días más tarde de la celebración del acto, el
Consejo de Ministros daba luz verde al Acuerdo por el que se aprueba el Informe
España Digital 2026, siendo la transformación digital uno de los ejes que
busca liderar la recuperación del país tras la pandemia, desde “una triple
dimensión: infraestructuras y tecnología, economía y personas”. La iniciativa se
alinea con el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y aborda el
proceso transformador que estarían viviendo las administraciones públicas,
entre cuyas metas se encuentra conseguir que el 50% de los servicios públicos
estén disponibles en App móvil.
Una
digitalización humanista
Todo
este proceso de transformación digital está guiado por los principios de la Carta
de Derechos Digitales, un marco de referencia para la protección de los
derechos de los ciudadanos en el ámbito digital, adoptada el verano pasado.
Estos principios están marcando la hoja de ruta a nivel europeo en este ámbito, en el que España se sitúa a la vanguardia.
