Análisis de la igualdad de género entre el personal funcionario de la Administración Pública

Las mujeres representan el 57% del personal funcionario de las Administraciones Públicas, sin embargo, su presencia en puestos directivos se reduciría hasta el 30%. Con tales datos, comenzaba su intervención María Amor Sánchez de Ron, subdirectora adjunta de aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), durante la presentación del libro “El papel de la mujer en la Administración Pública del siglo XXI”, que tuvo lugar en la tarde del 4 de mayo en el Colegio de Registradores. Sánchez de Ron, se refería a una segregación horizontal y vertical como las principales causas de que la feminización del sector público en algunas áreas como justicia o educación, se vea reducida a medida que se van subiendo escalafones. Estos fenómenos tendrían como “consecuencia la infrarrepresentación de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y la no incorporación de la perspectiva femenina al diseño de políticas públicas”, lo que afectaría a la calidad de las mismas, así como a la de los servicios públicos. Donde sí se encontraría una mayor presencia femenina sería en la administración autonómica, en la que las mujeres representarían el 68% del personal funcionario.

La Constitución Española recoge en su artículo 14 el principio de igualdad y, al mismo tiempo, su artículo 9 establece que los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias para que la igualdad tanto del individuo, como del grupo, sea real y efectiva. En este sentido, destaca la Asociación de Mujeres en el Sector Público, fundada en 2018 con el objetivo de visibilizar el talento femenino, destacando la labor desempeñada por las mujeres en dicho sector. El citado libro, al que anteriormente se hacía referencia, habría sido coordinado por la presidenta de esta asociación, Concepción Campos Acuña, quien destacaba como todavía se tardarán “132 años en cerrar la brecha de género”, dado que actualmente existe una igualdad formal, pero no real. Por ello, Campos Acuña, señalaba la importancia de llevar a cabo una labor educativa y divulgativa, que traiga consigo decisiones.

La Administración General del Estado, también contaría a su vez con Planes de Igualdad, que cuentan con una regulación y orientación muy diferentes a las del sector privado, en cuyo marco normativo se encontrarían la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, los Reales Decretos 901 y 902/2020, de 13 de octubre o los Estatutos de Autonomía y normativa autonómica y local, entre otras. Por su parte, algunas de las materias que han de contemplar los planes de igualdad estarían relacionadas con los procesos de selección y contratación, la formación, las retribuciones o la promoción profesional. Asimismo, el “III Plan de Igualdad de la Administración General del Estado”, aprobado en el año 2021, marcaría entre sus objetivos la erradicación de cualquier forma discriminatoria contra las mujeres, la consolidación de una participación efectiva de la mujer y las mismas oportunidades para el liderazgo, la promoción de la corresponsabilidad o el aumento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En lo referido a este último punto, el libro dedicaría uno de sus capítulos a la brecha de género en las TIC, en el que se destaca como en el Comité de Dirección de las TIC la representación femenina tan solo alcanzaría el 24%.

El acto concluía con la reflexión de María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores, quien apuntaba como en ocasiones son las propias mujeres las que contribuirían a ese techo de cristal y apelaba a la capacidad y al intelecto frente a cualquier barrera. “Las mujeres no somos diversidad. Somos parte de la propia esencia, hay que buscar que el ser humano esté representado”, apuntaba.