Perspectiva de las pensiones públicas por comunidades autónomas

La
gestión de las pensiones públicas es llevada a cabo por organismos estatales
pertenecientes a la Administración General del Estado. No obstante, existen grandes
diferencias entre comunidades autónomas, cuando se trata de hacer una
valoración de la pensión media de jubilación. Por poner un ejemplo, las nuevas
altas de jubilación en el País Vasco serían un 43,99%, es decir, 1,44 veces,
mayores que las de Canarias. Ambas regiones, representarían los dos extremos de
esta realidad, que encontraría su principal razón de ser en las diferencias
existentes entre las carreras contributivas y las bases de cotización de ambas
comunidades autónomas. Esta sería una de las cuestiones que aborda el documento
“Las
pensiones de Seguridad Social en las Comunidades Autónomas españolas”,
elaborado por José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto
BBVA de Pensiones y socio fundador de LoRIS.
Las
diferencias territoriales en las cuantías percibidas por los pensionistas,
estarían ligadas al indicador de productividad y la remuneración neta por
asalariado, que darían lugar a las bases de cotización a partir de las cuales
se calculan las pensiones. En el citado informe, Herce señala como pese a la
homogeneidad normativa del mercado laboral, no se lograría solventar los
efectos que sobre las cotizaciones tiene la composición de la mano de obra o
los sectores donde se ubicarían estos, entre otros factores. La edad de jubilación
y la carrera media de cotización también repercutirían sobre la pensión recibida.
La
demografía sería otra de las cuestiones que se analizarían en el documento y,
particularmente, el envejecimiento de la población española, un fenómeno que se
experimentaría con mayor viveza en diferentes territorios. Es el caso de Castilla
y León, Asturias y Galicia, donde más de una de cada cuatro personas serían
mayores de 65 años. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
mostrarían una realidad completamente diferente, con una tasa de envejecimiento
que se situarían incluso por debajo de la mitad de las comunidades autónomas
más envejecidas. “Desde 1980, en
términos medios, la tasa de envejecimiento para el conjunto español ha
aumentado en 9 puntos porcentuales, pero mientras en Baleares lo ha hecho en
3,9 puntos, en Asturias lo ha hecho en 14,6 puntos”, recoge el documento. En lo
que respecta a la edad media de nuestro país, en el mismo periodo de tiempo
señalado esta habría pasado de 33,3 a 43,6 años. El incremento de la tasa de
envejecimiento repercutiría directamente sobre las pensiones públicas, por dos
cuestiones. Por un lado, por el aumento de la esperanza de vida y, por tanto,
del número de pensionistas, incrementándose a su vez el periodo durante el que
se cobra la pensión y, por otro, por las bajas tasas de natalidad. Por su
parte, nuestro sistema practicaría una solidaridad territorial que permitiría
que las regiones más rejuvenecidas financien a las más envejecidas, gracias a
la redistribución de las cotizaciones.
A
modo de conclusión, Herce se cuestiona si las pensiones han de seguir
calculándose tal y como se vendría haciendo hasta el momento, “con cotizaciones
anuales cuatro veces inferiores a las pensiones anuales, aportadas durante
menos de 35 años mientras se deben pagar dichas pensiones durante más de 20
años (y creciendo este periodo)”.