Políticas públicas orientadas a la ciudadanía. La labor de organizaciones como la Plataforma de Mayores y Pensionistas
El compromiso del tercer sector con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, facilita la orientación de las políticas públicas a las necesidades reales de esta. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) sería una de las tantas organizaciones de representación de la sociedad civil, que velarían por el cumplimiento de los derechos de un colectivo, desde la acción social, y una de las protagonistas de los veintiocho capítulos que integran el estudio socioeconómico “La huella del tercer sector. Acción social y formas económicas emergentes”, publicado recientemente por la entidad financiera Cajamar.
Impulsada
por la Confederación Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA), a la que pertenece el Consejo General de Habilitados de
Clases Pasivas, la Unión Democrática de
Pensionistas (UDP) y la Organización de
Mayores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la PMP fue
constituida el 10 de diciembre del 2020. Tal y como expondría en el citado
estudio Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la PMP, la labor de la
Plataforma estaría encomendada a cumplir con el artículo 50 de la
Constitución Española, que exige a los poderes públicos garantizar el
bienestar, así como la suficiencia económica de la ciudadanía durante la
tercera edad, a través de sus pensiones. En su compromiso con la salvaguarda de
los derechos de las personas mayores y la mejora de su calidad de vida, las
actuaciones se centrarían en ámbitos muy concretos como las pensiones, el
edadismo, la protección jurídica del colectivo o la soledad no deseada. Del
mismo modo, el movimiento asociativo estaría en línea con la Década del Envejecimiento
Saludable 2021-2030 promovida por la Organización Mundial de la Salud.
Sostenibilidad
frente a la incertidumbre
Entre
los temas abordados por Castedo, a través de este capítulo, sería, a su juicio,
“la campaña permanente en distintos foros” que buscaría sembrar la incertidumbre
en la ciudadanía acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y
que diferiría del mensaje de confianza que trasladan desde la Plataforma. La
situación del déficit que registraría el sistema vendría justificada, según el
presidente de la PMP, por los llamados gastos “impropios”. Cuestión a la que
reiteradamente se ha referido José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones y que conformaría a su vez, la recomendación primera
elaborada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto
de Toledo, referida a su separación. Entre las medidas que defenderían desde la
Plataforma para garantizar las pensiones públicas se encontraría incrementar el
gasto destinado a pensiones, que debería ser superior a la media de la UE. “Nuestra posición es clara: el sistema
público de pensiones no tiene un problema de gastos, sino de ingresos”,
afirmaría Castedo. Por ello, sus peticiones estarían encaminadas a que de forma
“urgente” se produzca el incremento por encima del IPC de aquellas pensiones
más bajas, ante la insuficiencia de las mismas para dar cobertura a las
necesidades más básicas.
Desde
la Plataforma también abogarían por una colaboración sociosanitaria, en defensa
de una asistencia integral. Esto permitiría mejorar la calidad de vida de las
personas, además de garantizar una mejor gestión económica. Reconociendo los
avances que se habrían logrado en el ámbito de los cuidados, mediante el
desarrollo de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, la Plataforma defendería un modelo que priorice el deseo de
envejecer en casa, adaptando el domicilio a las necesidades que van surgiendo a
lo largo de la vida y proporcionando las ayudas necesarias para que estos se
desarrollen de forma autónoma, reforzando la ayuda a domicilio y promocionando
los sistemas de teleasistencia. Todo ello, sin perjuicio de que se siga
mejorando los centros residenciales.
Brecha
digital
La
promoción de un envejecimiento activo y saludable habría dado lugar a un nuevo
escenario en el que se reconoce sus derechos y se reclama su participación en
la sociedad. “Ante la baja representatividad social y política, el colectivo de
las personas mayores reclama espacios para tener voz propia y para ser
escuchado mediante un papel activo y efectivo en los consejos de personas
mayores a nivel municipal, autonómico y estatal”, afirma Castedo. A tal fin,
propone que se retome el impulso del Consejo Estatal de las Personas Mayores. El
envejecimiento activo demandaría la confluencia de una serie de factores de
carácter saludable en el ámbito físico, social o mental. Esto también
requeriría acabar con la brecha digital, un hecho con el que la Plataforma se
habría comprometido. Pese a la contradicción del avance de la digitalización, siendo
España el séptimo país más digitalizado de Europa, según el Índice de la
Economía y la Sociedad Digitales (DESI), la brecha digital sería un
problema. Como solución a esta realidad,
la Plataforma estaría colaborando con diferentes agentes de la sociedad, para
que la digitalización no lleve aparejada una pérdida de derechos.
La Plataforma identificaría la soledad no deseada como otro de sus objetivos prioritarios, apremiando que se implemente una Estrategia Nacional Contra la Soledad No Deseada, así como una ley de protección jurídica integral de las personas mayores, que integren una posible Convención de la ONU sobre derecho de las personas mayores.
