La caja única de pensiones centra la última sesión plenaria del Senado

La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, celebrada el pasado 16 de noviembre, ha traído consigo ciertos cambios en el Ejecutivo, como es el nombramiento de Elma Sáiz, como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en sustitución de José Luis Escrivá, que pasa a asumir el Ministerio de Transformación Digital. Los acuerdos entre el PSOE y el PNV para alzar a Sánchez como presidente, entre los que se incluiría el posible traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo de dos años, llevaban al Grupo parlamentario Popular a presentar una moción por la que se insta al gobierno a garantizar el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social como pilar fundamental de nuestro sistema de protección social. Dicha moción era defendida por el senador Gerardo Camps, durante la sesión plenaria celebrada el martes 21 de noviembre en el Senado.

Camps iniciaba su intervención citando los artículos 41 y 149 de la Constitución Española y los artículos 21 y 74 de la Ley General de la Seguridad Social, señalando como de acometerse el traspaso de competencias a Euskadi, se procedería a la vulneración de los mismos. La defensa del principio de caja única de la Seguridad Social “trata de evitar las distorsiones entre los pensionistas vascos y el resto de España”, apuntaría Camps quien, a su vez, recordaba como “cualquier negociación debe ser abordada en el marco del Pacto de Toledo”.

Lejos de ser algo nuevo, el debate en torno al traspaso de competencias al País Vasco vendría fraguándose desde hace años. No obstante, durante su toma de posesión, la recién nombrada titular de la Seguridad Social mostraba su negativa a que exista un riesgo de ruptura de la caja única. Cumplir con lo recogido en el Estatuto de Guernica, vulneraría los principios de solidaridad financiera y de caja única de la Seguridad Social, tal y como señalaba Camps durante su intervención. Mediante estos principios, se unifican “todos los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social”, según se recogería en la página del organismo. De acuerdo con esta afirmación, el Estado sería la única autoridad competente para legislar sobre las pensiones contributivas y, por tanto, la encargada de recibir los ingresos por cotizaciones y proceder al reparto de las prestaciones. La cesión de estas competencias a las comunidades autónomas supondría que, en el caso del País Vasco, asuma un déficit de 4.000 millones de euros, siendo una de las comunidades autónomas que presenta una mayor insuficiencia en este ámbito.

Próximos avances en materia de pensiones

Tal y como adelantó durante su toma de posesión, Elma Sáiz dará continuidad a la reforma iniciada por su predecesor, centrándose en el despliegue de nuevas modalidades de jubilación parcial o activa, que permitan la salida progresiva de los trabajadores durante la última etapa de su vida laboral. Entre los objetivos de Sáiz también destacarían los planes de pensiones de empleo y la nueva reforma del sistema de autónomos, apuntando en todo momento la importancia de que los cambios se produzcan desde el consenso y en el marco del diálogo social.