El Senado reconoce a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo
El
Pleno del Senado aprobaba este miércoles, la proposición de Ley presentada por
el Partido Popular (PP), para la modificación del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
Esto supone un paso hacia delante en el reconocimiento de la Policía
Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, como profesiones
de riesgo, una reivindicación que vendrían haciendo estos colectivos desde hace
años. La
citada proposición de Ley deberá ser aprobada por el Congreso de los
Diputados para su entrada en vigor.
La
consideración como profesión de riesgo conlleva a una corrección de los
coeficientes reductores de la edad de jubilación, permitiendo a estos
profesionales poder retirarse de forma anticipada cobrando el 100% de la pensión
por retiro. De esta manera, se lograría una equiparación con el Cuerpo de la
Ertzainta, policías locales, Mossos d´Esquadra y Policía Foral de Navarra que,
a diferencia, del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, no verían
mermadas sus prestaciones en el caso de retirarse antes de la edad legal de
jubilación. De hacerse efectiva esta propuesta de Ley, los profesionales
anteriormente citados podrán jubilarse a los 60 años o a los 59 años, si se
acreditan 35 años o más de actividad efectiva y cotización, frente a los 65
años actuales. En el texto presentado por el PP, se expone como la peligrosidad
de estos servicios quedaría constatada en el hecho de que cada día una media de
30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean agredidos en nuestro
país, según datos del Ministerio del Interior.
Igualdad
retributiva
Por
otro lado, el Congreso de los Diputados también tendría registrada una
proposición no de Ley referida a la equiparación salarial de Policía Nacional y
Guardia Civil para acabar con la brecha existente entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales.
Respecto
a esta cuestión, recientemente se conocía que la Sección Quinta de la Sala
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anulaba la sentencia del
Juzgado Central que obligaba al Ministerio del Interior a cumplir con las
cláusulas tercera y octava del acuerdo de
equiparación salarial firmado en 2018. Estas harían referencia al destino
de una cuantía de 100 millones de euros durante tres ejercicios para fomentar
la reincorporación del personal de segunda actividad y reserva, así como al
desarrollo de las medidas legislativas pertinentes para garantizar que no
existen diferencias salariales entre policías que realicen mismas funciones.
Ante este hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el
Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunciaban que procederán a recurrir esta
sentencia ante el Tribunal Supremo.
