La Semana de la Administración Abierta profundiza en el V Plan de Gobierno Abierto

La adhesión de España a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en 2011, coincidiendo con su creación, afianzaba el compromiso de nuestro país con los principios de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación. Una postura que se vio reforzada el pasado año, tras la incorporación de nuestro país al Comité Directivo de la Alianza, del que asumirá la copresidencia principal el próximo mes de octubre.

Conectada con esta cultura de gobernanza, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acogía el 13 de junio la jornada: “Personas, instituciones y tecnologías. El papel de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional en la construcción del Estado abierto”. El acto se enmarca en la Semana de la Administración Abierta (celebrada del 10 al 16 de junio), que tiene por objetivo acercar la Administración Pública a la ciudadanía. La sesión tuvo presente en todo momento el V Plan de Gobierno Abierto (2024-2028), que será aprobado a finales del presente ejercicio, para su entrada en vigor en 2025. 

Los Planes de Gobierno Abierto constituirían la hoja de ruta para la aplicación de esta forma de gobernanza, siendo la OGP un elemento sustancial para definir sus principales líneas de acción. La elaboración del V Plan sería el resultado de un proceso participativo y de cocreación, en línea con los estándares marcados por la OGP, y en el que se habría tenido en cuenta lo apuntado por la sociedad civil, en un ejercicio de escucha activa. Un salto cualitativo con respecto al IV Plan, mayor divulgación, objetivos realistas y medir los impactos de las iniciativas, serían algunas de las propuestas de la sociedad civil, tal y como indicaba Luis Sanz, responsable de Área en la Secretaría General de Gobierno Abierto. Sanz destacaba, a su vez, como las aportaciones al Plan se habrían triplicado con respecto al anterior y estarían dirigidas principalmente a la Administración General del Estado. “Este V Plan va a tener una cierta dosis de ejemplaridad”, apuntaba. Por su parte, Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, incidía en que “los mecanismos de participación no pueden ser un fin en sí mismo” proponiendo dos principios: honestidad y utilidad. Con ello, invitaba a las Administraciones a realizar un ejercicio de reflexión sobre la complejidad que acompaña a los procesos de participación.

Inteligencia Artificial en el sector público

La segunda de las mesas redondas abordaba el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y su potencial para hacer más accesible la información pública. En este proceso, Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, vería de gran utilidad la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ante los riesgos que la IA puede suponer para los derechos fundamentales. “Los sistemas de Inteligencia Artificial, por su propia naturaleza, tienden a perpetuar los sesgos”, apuntaba. En lo referido a esto último, Medina aludía a la “obligatoria vigilancia humana”, como garantía en el uso de estos sistemas. Reparaba, asimismo, en el sesgo de automatización y en esa excesiva predisposición de los humanos a confiar ciegamente en las máquinas. 

Durante la sesión también se apuntó como gracias a la IA se estaría trabajando en la mejora de la cita previa, mediate la creación de una red de oficinas para que el ciudadano pueda acudir a aquella oficina más próxima. En lo referido a esta cuestión, Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza Pública del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, recordaba que “aunque la cita previa no puede ser obligatoria, es una forma de regular la atención”, contribuyendo a mejorar la prestación de servicios.  Por su parte, Ruth del Campo Becares, directora general del Dato del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, insistía en la necesidad de invertir en formación para acabar con el miedo que se tiene a la tecnología. “La atención persona a persona es necesaria. Durante el proceso de la Administración electrónica no hemos sido capaces de acompañar ni a los ciudadanos, ni a los funcionarios”, apuntaba Cabanillas.

El Gobierno Abierto contribuiría al fortalecimiento de las democracias, favoreciendo el acercamiento entre las administraciones públicas y la ciudadanía, generando una mayor confianza en las instituciones.