La Semana de la Administración Abierta profundiza en el V Plan de Gobierno Abierto
La
adhesión de España a la Alianza
por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) en 2011,
coincidiendo con su creación, afianzaba el compromiso de nuestro país con los
principios de gobierno abierto: transparencia, rendición de cuentas, integridad
y participación. Una postura que se vio reforzada el pasado año, tras la
incorporación de nuestro país al Comité Directivo de la Alianza, del que
asumirá la copresidencia principal el próximo mes de octubre.
Conectada
con esta cultura de gobernanza, el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales acogía el 13 de junio la jornada: “Personas,
instituciones y tecnologías. El papel de los órganos constitucionales y de
relevancia constitucional en la construcción del Estado abierto”. El acto
se enmarca en la Semana de la Administración Abierta (celebrada del 10 al 16 de
junio), que tiene por objetivo acercar la Administración Pública a la
ciudadanía. La sesión tuvo presente en todo momento el V
Plan de Gobierno Abierto (2024-2028), que será aprobado a finales del
presente ejercicio, para su entrada en vigor en 2025.
Los
Planes de Gobierno Abierto constituirían la hoja de ruta para la aplicación de
esta forma de gobernanza, siendo la OGP un elemento sustancial para definir sus
principales líneas de acción. La elaboración del V Plan sería el resultado de
un proceso participativo y de cocreación, en línea con los estándares marcados
por la OGP, y en el que se habría tenido en cuenta lo apuntado por la sociedad
civil, en un ejercicio de escucha activa. Un salto cualitativo con respecto al
IV Plan, mayor divulgación, objetivos realistas y medir los impactos de las
iniciativas, serían algunas de las propuestas de la sociedad civil, tal y como
indicaba Luis Sanz, responsable de Área en la Secretaría General de Gobierno
Abierto. Sanz destacaba, a su vez, como las aportaciones al Plan se habrían
triplicado con respecto al anterior y estarían dirigidas principalmente a la
Administración General del Estado. “Este V Plan va a tener una cierta dosis de
ejemplaridad”, apuntaba. Por su parte, Safira Cantos, directora general de la Fundación
Hay Derecho, incidía en que “los mecanismos de participación no pueden ser un
fin en sí mismo” proponiendo dos principios: honestidad y utilidad. Con ello,
invitaba a las Administraciones a realizar un ejercicio de reflexión sobre la
complejidad que acompaña a los procesos de participación.
Inteligencia
Artificial en el sector público
La
segunda de las mesas redondas abordaba el uso de la Inteligencia Artificial
(IA) y su potencial para hacer más accesible la información pública. En este
proceso, Manuel Medina, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
de Sevilla, vería de gran utilidad la aplicación del Reglamento
Europeo de Inteligencia Artificial, ante los riesgos que la IA puede
suponer para los derechos fundamentales. “Los sistemas de Inteligencia
Artificial, por su propia naturaleza, tienden a perpetuar los sesgos”,
apuntaba. En lo referido a esto último, Medina aludía a la “obligatoria vigilancia
humana”, como garantía en el uso de estos sistemas. Reparaba, asimismo, en el
sesgo de automatización y en esa excesiva predisposición de los humanos a confiar
ciegamente en las máquinas.
Durante
la sesión también se apuntó como gracias a la IA se estaría trabajando en la
mejora de la cita previa, mediate la creación de una red de oficinas para que
el ciudadano pueda acudir a aquella oficina más próxima. En lo referido a esta
cuestión, Carmen Cabanillas, directora general de Gobernanza Pública del
Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, recordaba que
“aunque la cita previa no puede ser obligatoria, es una forma de regular la
atención”, contribuyendo a mejorar la prestación de servicios. Por su parte, Ruth del Campo Becares,
directora general del Dato del Ministerio de Transformación Digital y de la
Función Pública, insistía en la necesidad de invertir en formación para acabar
con el miedo que se tiene a la tecnología. “La atención persona a persona es
necesaria. Durante el proceso de la Administración electrónica no hemos sido
capaces de acompañar ni a los ciudadanos, ni a los funcionarios”, apuntaba
Cabanillas.
El
Gobierno Abierto contribuiría al fortalecimiento de las democracias, favoreciendo
el acercamiento entre las administraciones públicas y la ciudadanía, generando
una mayor confianza en las instituciones.