La reforma de la Administración continúa con el recién aprobado Proyecto de Ley de Función Pública

A propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, el Consejo de Ministros del 16 de julio, daba luz verde al Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. Bajo los principios de

A propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, el Consejo de Ministros del 16 de julio, daba luz verde al Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. Bajo los principios de igualdad de género, diálogo social, gestión por competencias e impulso del talento interno, la futura Ley descansa sobre cuatro ejes:

·         Estructura y acceso al empleo público estatal. Acota las funciones del empleado público, da autoridad al Gobierno para sistematizar cuerpos y escalas y determina los requisitos para el acceso y la pérdida de la condición de empleado público.

·         Carrera, promoción profesional, retribuciones y prestación de servicios.  Contempla la regulación de la carrera horizontal y vertical, teniendo a su vez en cuenta las retribuciones y el teletrabajo.

·         Aprendizaje, formación continua y actualización permanente. Catalogado como eje central para el desarrollo de la Administración.

·         Ética profesional e integridad. Derechos, deberes y régimen disciplinario de los empleados públicos.

El proyecto de Ley toma como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público y da continuidad al camino iniciado hace unos meses por el Real Decreto-ley 6/2023, que avanza en la modernización de la Administración Pública. Si bien, el grueso del Real Decreto-ley lo componen las medidas relacionadas con el ámbito de la justicia, en su segundo libro la norma sienta las bases para la consecución de una Administración del siglo XXI. Para ello, establece cuatro líneas de acción:

·         Planificación estratégica. Se centra en la oferta de empleo público y las relaciones de puesto de trabajo. Como novedad, se establece que la Secretaría de Estado y Función Pública pueda convocar concursos unitarios.

·         Acceso al empleo público y selección de personal, cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

·         Evaluación del desempeño y carrera profesional. De carácter anual, la evaluación tendrá en cuenta el rendimiento o la consecución de logros, a fin de mejorar la calidad y productividad de los servicios públicos.

·         Regulación de la figura del directivo público profesional. Designación, nombramiento, duración y cese.

Asimismo, la norma también contempla en su libro tercero la mejora de los servicios públicos locales, teniendo en cuenta el desarrollo de los medios digitales.

Acuerdo de MUFACE y oferta de empleo público

El último Consejo de Ministros también sacaba adelante el acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe superior a 30 millones de euros, y que supone una ampliación del crédito para financiar MUFACE.

A principios del mes de julio el Gobierno aprobaba la oferta de empleo público para 2024, la mayor de la historia, con un total de 40. 146 plazas. “De las 40.146 nuevas plazas, 31.465 corresponden a la Administración General del Estado, y el resto se reparte entre el Cuerpo Nacional de Policía (2.857), la Guardia Civil (3.158) y las Fuerzas Armadas (2.666)”, apuntan desde Moncloa.