España a la cola de la jubilación activa, según FEDEA

En el marco del diálogo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, alargar la vida laboral de los trabajadores se plantea como una de las principales soluciones a la hora de solventar las deficiencias que presenta el modelo. Para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fomentar el retraso de la edad efectiva de jubilación pasaría por la adopción de una serie de políticas que, entre otras cuestiones, permitan compatibilizar pensión y salario profesional. Y es que, a diferencia de otros países del entorno, la jubilación activa en España seguiría viéndose acompañada de ciertas restricciones, lo que posicionaría a nuestro país como uno de los peores estados europeos para quienes deciden poner en práctica esta modalidad. Así quedaría constatado en un reciente estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), elaborado por el investigador asociado a la Fundación y Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Sergi Jiménez, quien habría centrado su análisis en los datos aportados por la “Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa” (SHARE por sus siglas en inglés).

Mientras en el panorama internacional alcanzar la “edad normal de retiro” incrementaría las posibilidades en lo que a compatibilización de trabajo y pensión se refiere, en el caso español tal situación quedaría reducida a los años previos a la edad legal de jubilación, hoy fijada en los 66 años, a través de un acuerdo entre el trabajador y la empresa, que daría lugar a la conocida como jubilación parcial. Además de la falta de incentivos en torno a la continuación de la vida laboral, siendo estos del 2-4% anual en países como España o Grecia, en contraposición con el 10% establecido en Letonia, el estudio también identificaría ciertas disimilitudes entre los trabajadores por cuenta propia y ajena, señalando a los primeros como principales beneficiarios de los incentivos desarrollados hasta el momento en este campo. Así pues, siguiendo con lo expuesto por Jiménez, si previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y al Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, recurrir a la jubilación activa era una alternativa “prácticamente imposible”, actualmente la compatibilización se seguiría llevando “bajo condiciones muy restrictivas”, pese a las cuales, los autónomos mostrarían un 2.600% más de probabilidades de compaginar dichas cuantías frente a los asalariados. Entre los principales motivos que explicarían este fenómeno, encontraríamos la aprobación de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, por la que se exime de cualquier tipo de penalización a aquellos profesionales por cuenta propia que tengan a su cargo a al menos un trabajador por cuenta ajena, permitiéndoles mantener el 100% de su pensión.

Con respecto a otras variables que también incidirían en el proceso de compatibilización, el informe apunta a los ingresos laborales, el nivel educativo o el grado de salud del individuo, como otros indicadores a tener en cuenta.

Propuesta normativa

Entre los beneficios asociados a la jubilación activa, encontramos aquellos estrictamente relacionados con el mercado laboral y su repercusión directa en el número de ocupados y el sistema de pensiones, a los que se añadirían otros de carácter más personal, relacionados con la capacidad de ahorro del individuo o su desarrollo social y cognitivo. Para conseguir impulsar el modelo, el estudio propone realizar una serie de cambios normativos orientados a la compatibilización de pensión y trabajo a cualquier edad. “Sin penalización después de la edad normal de jubilación, y con penalización dependiente del nivel salarial antes de la edad normal de jubilación”.

Del mismo modo, se plantea la anulación y consiguiente sustitución de la jubilación parcial por la denominada “activa anticipada”, además de proceder a un sistema de cotizaciones igualitario para todos los trabajadores, independientemente de si son perceptores de una pensión o no. Una serie de cambios que, en definitiva, permitan dejar a un lado las trabas que hasta el momento siguen planteándose para quienes deciden acceder a esta modalidad y avanzar así hacia un modelo más sostenible en el que los trabajadores puedan alargar voluntariamente su permanencia en el mercado laboral.