";

El fin de la incapacitación judicial en favor del reconocimiento de la voluntad personal

Reforma_Civil_080921
08-09-2021

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) supuso un paso hacia delante en la dignificación de este colectivo, promoviendo sus derechos y equiparándolos a los del resto de la ciudadanía. Entre lo convenido, a través de su artículo 12, el documento reconoce a las personas con discapacidad como sujetos con plena capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida, instando a los Estados Partes a que así lo reconozcan. Un compromiso que asumía meses más tarde nuestro país, tras firmar el 30 de marzo del 2007 dicha Convección.

Hoy, la reciente aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en vigor desde el 3 de septiembre, posiciona al colectivo en el lugar que le corresponde en la sociedad, favoreciendo su autonomía y priorizando su voluntad frente a la de terceros.

En este contexto de cambios que introduce la nueva ley, que afectarán a más de 250.000 personas incapacitadas judicialmente, el Consejo General del Notariado, la Fundación ONCE, la Fundación Aequitas, el CERMI y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares han elaborado una guía jurídica, que cuenta con una versión simplificada de la misma, en la que se recogen los aspectos más importantes de esta reforma civil.

Sobre la reforma

En líneas generales, mediante la nueva ley “se retira una sustitución injusta de la persona y se ofrece un sistema de apoyos para vivir en comunidad y sobre todo desde la voluntad de todas las personas”, apuntaba Enrique Galván, director de Plena Inclusión, durante su intervención en un acto organizado por Servimedia (coincidiendo con el día de la entrada en vigor de la norma), que a su vez reunía a los representantes de las otras cuatro entidades partícipes. En concreto, la norma elimina la incapacitación reemplazando las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada y pasa a poner a disposición de la persona una serie de medios técnicos y humanos que garanticen que ésta pueda tomar libremente sus propias decisiones. “El objetivo último y deseable es que el apoyo no sea solo una ayuda, sino un fomento de la autonomía”, señalaba José Ángel Martínez Sanchíz, presidente del Consejo General del Notariado.

La norma procede a la modificación de un total de ocho leyes, entre las que se incluyen la Ley del Notariado, el Código Civil o la Ley Hipotecaria, y mediante los cuales se logra dotar de capacidad jurídica propia a la persona y se asegura que su voluntad sea respetada. Tal y como se especifica en la guía, a excepción de aquellos casos en los que el sujeto no pueda manifestar sus intereses, “nadie podrá sustituir en su toma de decisiones a la persona, que podrá valerse, tanto ante los juzgados como en notarías y otras instituciones públicas, de los ajustes que sean precisos para formar y exteriorizar su voluntad”. Por el contrario, cuando la situación requiera de medidas de apoyo establecidas judicialmente, estas pasarán a ser revisadas periódicamente por parte de una autoridad judicial, a fin de que se ajusten siempre a la situación particular de cada persona. De esta manera, a diferencia de lo que se venía realizando con anterioridad, la norma antepone la voluntad, deseos y preferencias personales frente a cualquier medida judicial, dando lugar a una gran transformación legislativa que deberá ir a su vez acompañada de una serie de cambios sociales y culturales.

Prevención, frente a una discapacidad sobrevenida

El aumento de la esperanza de vida y, por consiguiente, el envejecimiento de la población han cambiado la fotografía que hasta el momento se tenía de las personas con discapacidad. Y es que, según lo expuesto por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, en torno a dos tercios de las personas con discapacidad serían mayores de 65 años. “Tendemos a pensar en una discapacidad congénita, pero hoy en día la persona con discapacidad es una persona mayor. Una persona con una discapacidad sobrevenida”, apuntaba. En este sentido, la norma otorga especial relevancia a los poderes preventivos y a la autocuratela, a través de los cuales la persona se anticipa a lo que pueda pasar y nombra mediante escritura pública a uno o varios curadores, que le ayuden a desarrollar su capacidad jurídica en el caso de sufrir en un futuro una discapacidad, estableciendo del mismo modo una serie de normas. “Esta Ley no solo concierne a las personas que actualmente tienen algún tipo de discapacidad. La Ley nos brinda unos sistemas para que nosotros mismo podamos acudir al notario con previsión”, reflexionaba Martínez.