La profesión de los habilitados en el IV Encuentro Internacional Silver Economy de Zamora

El deterioro físico y cognitivo durante el proceso de hacerse mayor conlleva a que en ocasiones la persona requiera una serie de apoyos que permitan promocionar su autonomía y facilitar la toma de decisiones. En lo que se refiere a esta cuestión, la reforma introducida por la Ley 8/2021 habría logrado pasar “de un sistema en el que era el Estado, a través del poder judicial, el que garantizaba que las personas mayores tuvieran ayuda cuando la necesitaran a un sistema en el que el protagonista eres tú”, apuntaba Rocío Hidalgo Hernando, notario del Ilustre Colegio Notarial de Castilla y León, durante su participación en el IV Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. La intervención, tenía lugar durante la mesa de trabajo de seguridad sobre la protección de las personas mayores y la discapacidad, celebrada en la tarde del jueves 24 de noviembre y moderada por Alfonso J. Martín Carretero, habilitado de clases pasivas. En lo que se refiere a los principales cambios introducidos por la ley, Hidalgo Hernando destacaba como la norma ofrecería a las personas “la oportunidad de elegir cómo quiero que me ayuden, quién quiero que me ayude y qué controles puede tener”, resaltando a su vez la importancia de acudir a los poderes preventivos antes de que la persona se vea afectada por un deterioro.

Uno de los campos en los que, por lo general, las personas mayores necesitarían más ayuda sería en su relación con la administración. Siendo este uno de los temas en los que se centraba el encuentro, María Smith Sánchez, abogada y presidenta del Colegio de Habilitados de Clases Pasivas de Madrid, destacaba como a lo largo de los últimos años y acelerada por la pandemia, la digitalización de los servicios públicos habría llevado a que muchos ciudadanos experimenten ciertos problemas a la hora de realizar trámites o pedir prestaciones. Esto daría lugar a que la relación entre colectivos como el de los mayores y la administración llegue a ser muy compleja y en el peor de los casos, inexistente. La administración fallaría, por tanto, a la hora de alcanzar esa agilidad, eficiencia y cercanía, llegando a olvidar, a juicio de Smith Sánchez, su cobertura a un servicio público. “Nunca se legisla teniendo en cuenta las consecuencias que la normativa puede tener sobre determinadas personas, como las mayores”, reflexionaba.

Funciones de los habilitados de clases pasivas

La labor de la familia y de los profesionales, entre los que se encuentran los habilitados de clases pasivas, resultaría fundamental en el momento de proporcionar a las personas las herramientas necesarias para que estas puedan efectuar libremente sus decisiones. Los profesionales proporcionarían a la persona una serie de garantías en su relación con la administración. “Los familiares pueden tener muy buena fe, pero no conocen los procesos administrativos”, apuntaba Smith Sánchez. En este sentido, la habilitada de clases pasivas creería necesario proceder a la actualización de las leyes de protección actualmente existentes, a fin de garantizar que la relación entre las personas y la administración “sea fluida, accesible y con unos resultados claros y eficaces”.