La discapacidad durante el proceso de envejecimiento, una visión multidisciplinar
La
discapacidad sobrevenida sería uno de los efectos asociados al incremento de la
esperanza de vida. Esto llevaría a que cada vez sea más frecuente convivir con
una discapacidad. De los 4,38 millones de personas con algún tipo de
discapacidad que habría en nuestro país, un 59,9% tendría más de 65 años, según
mostraría la “Encuesta
de discapacidad, autonomía y personal y situaciones de dependencia (EDAD)”
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La combinación de este binomio, persona mayor
y con diversidad funcional, habría llevado a que los movimientos
representativos de cada colectivo aúnen fuerzas en torno a la mejora de la
imagen de estas personas y la lucha contra los estereotipos a los que tienen
que seguir haciendo frente. Partiendo de esta idea, el Comité Representante de
Personas con Discapacidad (CERMI) publicaba recientemente el libro “Las
personas con discapacidad mayores en España”. Un estudio que muestra una
visión multidisciplinar acerca de las necesidades y demandas de un grupo muy
representativo de la población, que exige una mayor autonomía, el
reconocimiento de sus capacidades, así como una presencia y participación
activa en la vida política, social y económica.
El
citado libro, habría sido coordinado por Álvaro García Bilbao, presidente de la
Comisión de Personas con Discapacidad del CERMI, quien habría colaborado con el
Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas, mediante
la elaboración de una serie de artículos, a consecuencia de la reforma de la
legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en
el ejercicio de su capacidad jurídica. Precisamente,
a dicha reforma se haría referencia a lo largo del documento, reconociendo su
acercamiento a lo dispuesto por la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La principal
novedad que introduce la Ley 8/2021 es
la implantación de un sistema de apoyos que favorece la autonomía del
colectivo, situando a la persona en el centro de su toma de decisiones.
La
Convención, fue el inicio de un largo camino, que todavía hoy perdura, hacia la
plena inclusión de las personas con diversidad funcional. Supuso un cambio de
miras en la concepción que hasta ese momento había tenido la discapacidad, al
introducir “un nuevo enfoque que exigía una visión de los derechos de las
personas con discapacidad basada en los derechos humanos”, tal y como expondría
en su capítulo del libro, Rafael de Lorenzo García, secretario general de la
ONCE. El texto reconocía las barreras existentes en la sociedad, que
dificultarían la plena participación de este colectivo. En el caso de las
personas mayores y con diversidad funcional, estas sufrirían en ocasiones una
discriminación múltiple, dificultando el
derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Garantía
de derechos en base a unos principios
En
lo que respecta a las medidas que se han de adoptar para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad durante el proceso
de envejecimiento, Pilar Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Fundación
Pilares propondría una serie de actuaciones, siguiendo ocho principios rectores:
igualdad; autonomía y elección; independencia y bienestar; participación;
integralidad; ambiente facilitador; inclusión social; de continuidad de
atención. De tal manera que, los programas que se lleven a cabo han de adaptarse
a las necesidades específicas de la persona, asegurando que estas puedan actuar
con libertad y accedan a las prestaciones, servicios y apoyos que se requieran a
lo largo de su vida. Partiendo de una visión interdisciplinar, los apoyos “han
de satisfacer las necesidades básicas, emocionales, sociales y espirituales de
la persona”, teniendo que ser próximos, continuados y habiendo de garantizar el
acompañamiento de la persona.
